Por Milenio
La Prensa
La mayoría del Consejo General del INE aprobó llevar a la Suprema Corte una controversia constitucional, para que suspenda las nuevas facultades que la mayoría legislativa le dio a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, frente al inédito amago de la minoría de que la Secretaría Ejecutiva podría no acatar el acuerdo.
Tras dos horas de debate, se aprobó con seis votos a favor y cinco en contra, llevar a la Suprema Corte la división de opiniones sobre las facultades que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le quitó al Consejo General para concentrarlas en la presidencia del INE, pues la mayoría consideró que esto rompía la colegialidad, iba en contra del diseño institucional y de las facultades establecidas en la Constitución.
Aunque el acuerdo presentado por seis consejerías fue aprobado, por primera vez en su historia, se amagó con que un acuerdo del Consejo General podría ser ignorado por el propio INE.
La consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Jorge Montaño advirtieron que la mayoría del Consejo General no podría instruir a la Secretaría Ejecutiva a interponer un asunto jurídico ante la Suprema Corte, lo que generó una réplica de la contraparte con ley y reglamento en mano.
La consejera de la Cruz criticó que el bloque mayoritario presentó este acuerdo sin considerar a todos sus pares y sostuvo que, aunque fuera aprobado, una mayoría no puede darle instrucciones a la Secretaría Ejecutiva.
“Aún cuando la mayoría decida aprobar este acuerdo, no existe disposición que establezca que la representación legal del Instituto se ejerce por el mandato o voto mayoritario de quienes integramos el Consejo del Instituto Nacional Electoral.
“No hemos tenido ningún indicio o elemento suponer que la presidencia de este instituto ejercerá a raja tabla las facultades que se le dieron en esta reforma, y ante ello, invito a mis seis colegas que presentaron este acuerdo y que ya ha sido causa de una crisis mediática que sólo daña al instituto, que podamos hacer a un lado las diferencias, porque considero que instruir mayoritariamente a la Secretaría Ejecutiva ejercer ciertas acciones sin tener facultad expresa para ello, rompe el Estado de Derecho y la gobernanza de nuestro instituto”.
Lo que respaldó Jorge Montaño quien sostuvo que sería “jurídicamente inviable que pretendan obligar a la Secretaría Ejecutiva a presentar esta controversia constitucional”.
Sin embargo, el consejero Arturo Castillo pidió leer las facultades del Consejo General y las obligaciones de la Secretaría Ejecutiva, y recalcó que este acuerdo no tiene qué ver con las personas que actualmente integran el INE, sino porque recordó, han recibido presiones que es mejor enfrentar en colegiado que por una sola persona.
El bloque de las consejeras Carla Humphrey, Dania Ravel y Claudia Zavala, y los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera recordaron que esta modificación que da atribuciones a la presidencia del INE para nombrar direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin considerar al Consejo General es una regresión al sistema electoral, que se incluyó de noche, sin debate y sin que formara parte de la iniciativa inicial enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Imponer una visión unipersonal sustituye el dialogo por una visión única y se rompe el blindaje de influencia política”.
Exhibieron que incluso, hay antinomias pues la Constitución sigue dándole las mismas facultades de colegialidad al Consejo General, mientras la nueva reforma las concentra en la consejera presidenta, más allá de quién ocupe ahora o en un futuro esa silla.
“En particular, yo le pregunté a la consejera presidenta y me dijo ‘yo no pienso ejercer esa atribución’, pero no es personal, es el sistema electoral y que este Consejo regule de manera autónoma e independiente, ese INE es el que hay que seguirlo conservando”, dijo la consejera Claudia Zavala.
El bloque afín a la consejera presidenta conformado por las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López, y el consejero Jorge Montaño acusaron a sus pares de no haber buscado el consenso, de sorprenderlos con este acuerdo y de que en realidad, no buscan la colegialidad, a lo que Jaime Rivera les cuestionó el porqué no dijeron “ni una sola palabra sobre el cambio regresivo”.
Y aunque el bloque de minoría amagó con no acatar, la consejera presidenta Guadalupe Taddei sostuvo que “aunque no estoy de acuerdo con este proyecto que pretende instruir a la secretaria Ejecutiva a que interponga un juicio, me parece que no estamos en el supuesto de poderlo hacer, pero si la mayoría se impone, habrá de procederse en consecuencia”.
