La Prensa
Donald Trump y Gustavo Petro protagonizaron un domingo de tensión debido a que el mandatario colombiano se negó a recibir aviones militares con personas deportadas a bordo, pues acusó que se les estaba dando un trato indigno.
La respuesta del presidente de Estados Unidos no se hizo esperar, y poco después del mediodía, anunció la imposición de aranceles al 25% a los productos colombianos y la amenaza de aumentarlos al 50%. Además, se revocaron las visas de los funcionarios del gobierno colombiano y sus simpatizantes.
Petro anunció que Colombia respondería a los aranceles de la misma forma y escribió una amplia respuesta al Trump a través de su cuenta de «X». El presidente llegó a señalar que no teme un golpe de Estado orquestado desde el norte: «Túmbeme presidente y le responderán las Américas y la humanidad», retó.
Durante la noche, y tras 9 horas de incertidumbre, la Casa Blanca anunció que Colombia había dado marcha atrás y aceptado la recepción «sin restricciones» de las personas deportadas, incluso en aeronaves militares. Por su parte, en un tono más diplomático, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, dijo que Colombia había superado el «impasse» con Estados Unidos y que garantizarían las condiciones dignas de traslado de sus ciudadanos deportados.
Aunque corta, la crisis diplomática entre ambas naciones fue un primer vistazo a las reacciones del nuevo gobierno estadounidense ante quienes osan oponerse a su política migratoria y envía un mensaje a otras naciones latinoamericanas que recibirán la oleada de deportaciones que Trump ha prometido cumplir.
Un precedente peligroso
«Este episodio no sólo deja huella en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, sino que también establece un precedente muy peligroso porque podría anticipar lo que sucederá con otros países que decidan no aceptar a personas migrantes deportadas», explica el internacionalista José Joel Peña, en entrevista para EL UNIVERSAL.
Colombia ha sido por décadas un aliado importante de la nación norteamericana y hasta hace unos días recibía fondos por concepto de ayuda internacional de Estados Unidos.
Pese a la crisis diplomática desatada por los vuelos de deportados, José Joel Peña no prevé más fracturas en el corto plazo para la relación bilateral de ambos países. «Pienso que la relación mejorará, sobre todo porque el presidente Petro tiene una crisis interna muy fuerte. Ya hay quiénes están pidiendo que se le lleve a juicio político, por lo que creo que será más cauteloso. No se puede dar el lujo de enfrentarse con potencias extranjeras en un contexto donde se está poniendo en duda su capacidad para gestionar los principales problemas de Colombia», sostiene.
El docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Anáhuac México, señala que al final Colombia cedió ante las presiones de Donald Trump. «Algo que quizá no podría pasar con Brasil, un país con mucha más fortaleza regional e internacional». La nación gobernada por Lula da Silva también ha denunciado tratos «humillantes» a brasileños deportados.
¿Se prepara un frente latinoamericano ante a Trump?
Aunque se alcanzó un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, aún está pendiente la convocatoria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que tiene una sesión agendada para el próximo jueves.
La reunión, anunciada por Xiomara Castro de Zelaya, mandataria de Honduras y presidenta Pro Témpore (PPT) de la organización, se programó a causa del conflicto diplomático entre Colombia y Estados Unidos.
«Lo más probable es que se emita un comunicado de este bloque latinoamericano para actuar, no de manera agresiva, sino desde la diplomacia, haciendo énfasis sobre la perspectiva de que la migración, más que un problema, es un fenómeno social que debe ser atendido como tal. En ese sentido, creo se tratará de buscar la colaboración», explica José Joel Peña.
No obstante, el especialista indica que Trump también trata de imponer su narrativa a nivel internacional. En Latinoamérica, de hecho, cuenta con algunos aliados. «Por ejemplo, estaría negociando con El Salvador para recibir migrantes deportados de terceros países, sobre todo aquellos que presupone que son miembros de pandillas y del crimen organizado», señala.
Las negociaciones, reveladas por CBS News, no han sido confirmadas. No obstante, la simpatía entre Nayib Bukele y Trump es pública, siendo el mandatario salvadoreño uno de los pocos invitados a la toma de posesión del republicano.
¿Dónde queda México en el pleito?
El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, apenas se ha pronunciado ante el desencuentro de Trump y Petro. Durante su conferencia matutina de este 27 de enero, la mandataria pidió esperar y dijo que revisará con el canciller Juan Ramón de la Fuente los pormenores de su participación en la reunión convocada por la Celac.
También celebró que Estados Unidos y Colombia llegaran a un acuerdo. «Debe prevalecer el diálogo, el respeto, que es lo que nosotros hemos buscado en la relación con Estados Unidos», señaló Sheinbaum.
«Creo que están actuando con mucha cautela, pero, de hecho, el gobierno mexicano ya ha empezado a implementar diversas estrategias para abordar la migración en el contexto de la administración de Donald Trump. Por ejemplo, han aumentado la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera sur, algo coincidente con la estrategia de Trump de enviar efectivos a la frontera sur de Estados Unidos», señaló Peña.
A esta contención realizada por México, estrategia que ya usó en el primer mandato del republicano, se suman estas estrategias ya anunciadas por la presidenta como el programa «México te abraza». Ante a estas medidas sobre la mesa, Peña advierte que se deben considerar costos económicos y un trato adecuado que respete los derechos humanos.
«Van a ser miles de millones los que se van a tener que gastar para fortalecer a las instituciones encargadas de gestionar la migración; albergues, refugios. También la capacitación del personal, deben tener un trato y tacto especial. Pensemos en que migran todo tipo de personas; niñas, niñas, personas adultas mayores que requieren u trato muy específico para evitar que se cometan violaciones a derechos humanos», asevera Peña.
