La magistrada Janine Otálora advirtió que deben blindarse las candidaturas judiciales de recursos privados y garantizar ‘cancha pareja’ para todos los participantes.
La Prensa
Agencias
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer nuevos topes de gasto, al alza y según el tipo de cargo a elegir el 1 de junio, en los comicios judiciales.
Por mayoría los magistrados resolvieron revocar el tope de campaña único establecido para los candidatos a todos los cargos judiciales sujetos a elección y que el INE había fijado en 220, 326 pesos; ahora con libertad de criterio técnico deberá establecer nuevos parámetros.
Los magistrados determinaron que el INE debe establecer topes diferenciados de gasto, de acuerdo al cargo sujeto a elección y a criterios objetivos, como la territorialidad que abarca su responsabilidad.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ponente en el caso, explicó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) establece que las personas candidatas podrán erogar recursos en viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura.
Comentó además que el tope no podrá superar el límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones.
Ese último apartado fue el que llevó al INE a fijar que el máximo a gastar era de 22,326 pesos, pero el magistrado dijo que ambas disposiciones deben interpretarse conjuntamente y la conclusión es que los topes pueden variar según cada elección y el territorio que cubre.
“Existen tres parámetros objetivos y funcionales para establecer los topes de gasto: el órgano a elegir o la elección, la cantidad de electores y el territorio que abarca la elección”, indicó.
El establecimiento de topes máximos debe fijarse tomando en cuenta que las personas compitan en condiciones de equidad en la contienda, pero también que puedan dar a conocer sus trayectorias, añadió.
La magistrada Janine Otálora Malassis estableció que si bien pueden ser topes diferenciados según el cargo a elegir, estos no deben excederse.
“Si se elevan los topes de gastos de campaña en demasía, lo único que se va a generar es una ventaja para las candidaturas que tengan mayor capacidad económica, distorsionando con ello la cancha pareja que debe prevalecer”, expuso.
Consideró que, aunque el INE debe determinar topes de gastos diferenciados, “se debe respetar el límite establecido. Por ello, apuntó que los distintos topes deben graduarse «pero a la baja”.
Es decir, que los 220,326 pesos sean el máximo para los cargo de responsabilidad nacional, mientras que sean a la baja para magistrados de Salas regionales del Tribunal Electoral y jueces de distrito.
Pidió cuidar dos criterios: blindar las candidaturas ante la posibilidad de que reciban financiamiento privado que pueda comprometer su actuación.
Y segundo, “garantizar una cancha pareja»: «Debe evitarse que el dinero sea el que marque la diferencia en la contienda».
Los magistrados del Tribunal Electoral confirmaron la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE de no analizar las quejas interpuestas por dos ciudadanos en contra de tres ministras en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que participarán en la elección judicial por el mismo cargo.
Los ciudadanos quejosos consideraron que, entre el 30 de octubre y el 17 de diciembre del año pasado, se hicieron publicaciones en las cuentas de X donde se aprecian presuntos actos anticipados de campaña.
Según la queja, se usaron supuestos recursos públicos con fines electorales y emplearon además propaganda gubernamental personalizada, en el marco de la elección judicial.
