Encargadas de cooperativas escolares dudan que ahora si se vaya a aplicar el cambio hacia hábitos de alimentación saludables desde las escuelas
Fabiola Sánchez
LA PRENSA
Las encargadas de las cooperativas escolares han manifestado su desconfianza ante la nueva ley que prohíbe la venta de comida chatarra en los planteles educativos, asegurando que, al igual que en intentos previos, la medida difícilmente tendrá el resultado esperado.
Aunque reconocen la importancia de promover hábitos alimenticios saludables, consideran que la falta de seguimiento y control en administraciones anteriores ha impedido que estas regulaciones se cumplan de manera efectiva.
Este lunes entró en vigor la normativa impulsada por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la cual restringe la venta de productos no saludables en las escuelas, sin embargo, esta no es la primera vez que se implementa una medida similar, ya que en los últimos tres sexenios se han establecido regulaciones con el mismo objetivo, sin lograr un cumplimiento estricto ni una supervisión adecuada.
Esto ha generado desconfianza entre los comerciantes escolares, quienes dudan que esta vez la estrategia tenga un impacto real, sin embargo, a pesar de sus reservas, los responsables de las cooperativas han comenzado a modificar su oferta para ajustarse a los lineamientos y evitar sanciones.
Entre los productos permitidos se encuentran elotes y esquites con limón, palomitas naturales, pasitas, alegrías, yogur natural sin sellos de advertencia, cacahuates con cáscara y habas enchiladas; se ofrecerán opciones más nutritivas como tortas de frijoles, tortas de pollo y quesadillas con requesón y verduras.
Si bien el propósito de la ley es mejorar la alimentación de los estudiantes, las encargadas de las cooperativas advierten que su éxito dependerá de la aceptación de los alumnos y de la viabilidad económica para mantener las cooperativas operativas.
También señalan que, sin una supervisión efectiva y sin estrategias de concientización para los estudiantes y padres de familia, es probable que la venta de productos no permitidos persista de manera informal.