Los gobiernos de la región han optado por firmar acuerdos bilaterales con Estados Unidos, lo cual ha generado consecuencias perversas que afectan a migrantes, quienes han quedado en condiciones de mayor vulnerabilidad
La crisis ocasionada por la implementación de medidas para expulsar migrantes y evitar su entrada a Estados Unidos, ha propiciado una serie de tensiones en esa nación, así como en los países de origen y tránsito de personas en condición de movilidad. En tanto, los gobiernos de la región han optado por firmar acuerdos bilaterales con el gobierno estadounidense, con consecuencias perversas para esas personas, quienes han quedado en un limbo jurídico o en condiciones de mayor vulnerabilidad.
De acuerdo con el director del programa para América Latina y el Caribe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), Diego Chaves – González, hasta el lunes pasado, el presidente Donald Trump había firmado 175 órdenes ejecutivas, muchas de las cuales han generado graves afectaciones a los migrantes.
Ello, sin contar las emitidas el lunes pasado, para ampliar el operativo de detención y deportación de indocumentados, puesto en marcha el 20 de enero. Además, Trump solicitó al Departamento de Justicia una lista con el nombre de los estados, condados y ciudades que han evitado sumarse a los operativos federales de inmigración.
Chaves González, dijo que «lo delicado es que eso está generando desafíos legales relevantes.»
Concretamente, se han producido tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial ante casos específicos, por ejemplo, el del salvadoreño que “por equivocación” fue enviado a una cárcel de El Salvador y el poder Judicial ha dicho que tiene que ser regresado a territorio estadounidense.
Hasta el 27 de abril pasado, el gobierno de Estados Unidos enfrentaba 50 demandas colectivas, contra sus políticas migratorias, de las cuales, al menos tres, se encontraban en la Corte Suprema.
En ese sentido, el especialista destacó que, en fallos anteriores, el Tribunal Supremo ha señalado que, si bien, el gobierno tiene la facultad para implementar este tipo de medidas, ha pedido el respeto al debido proceso y que se hagan con órdenes judiciales de por medio.
A finales de 2024 había cerca de 1.5 millones de migrantes no autorizados en Estados Unidos con órdenes definitivas de deportación, de los cuales más de dos tercios provenían de países como México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Muchos de ellos a pesar de estar sujetos a medidas de control, exploraban formas de protección para evitar la deportación, pero la situación ha hecho que las capacidades de los países para recibir retornados sean sobrepasadas.
El especialista comentó que en Guatemala y México han comenzado a publicar planes de apoyo para los retornados, pero cuando se analizan las capacidades logísticas y económicas para implementarlos se evidencia que son muy limitados.
Migrantes no autorizados en EU, en situación altamente vulnerable
La vulnerabilidad de las poblaciones migrantes en Estados Unidos se ha mantenido.
Se suspendió el programa para cubanos haitianos, nicaragüenses y venezolanos que había permitido el ingreso de alrededor de 530,000 personas hasta diciembre de 2024. Lo delicado es que ese instrumento no ofrecía ninguna vía hacia la residencia permanente, por lo que, al cerrarse, existe el riesgo de que esas personas queden en una situación irregular y, por ende, susceptibles de ser deportadas en los próximos meses.
Los nicaragüenses son las personas más vulnerables porque no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en Inglés) ni acceso a la ley de ajuste cubano, por ejemplo. Dependen únicamente del asilo, que es un proceso cada vez más restringido.
Los cubanos tienen la posibilidad de ajustar su estatus gracias a la ley de ajuste cubano y los haitianos y venezolanos cuentan todavía con el TPS, como mecanismo de protección, aunque tienen la incertidumbre de si podrán mantener ese estatus.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 90% de los beneficiarios del Programa de Libertad Condicional Humanitaria (CHNV por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, cuyo permiso vencía a finales de 2004 ya había solicitado y les habían concedido un ajuste de estatus, sin embargo, eso deja a miles de personas en una zona muy gris.
Por otra parte, al poner fin al CBP-One miles de personas, particularmente de Centroamérica se han quedado sin opciones claras de entrada.
A finales de 2024 había cerca de 1.5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos con órdenes de deportación.
POR: EL ECONOMISTA
