La administración Trump quiere acabar con el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un golpe el viernes al poder de los jueces federales al restringir su capacidad de otorgar un amplio alivio legal en casos en que los magistrados actuaron en una batalla legal por el intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, ordenando a los tribunales inferiores que bloquearon la política que reconsideren el alcance de sus órdenes.
Sin embargo, el fallo de 6 a 3 del tribunal, redactado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, no permitió que la política de Trump entrara en vigor de inmediato y no abordó la legalidad de la política. Los jueces accedieron a la solicitud de la administración Trump para limitar el alcance de tres medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces federales en los estados de Maryland, Massachusetts y Washington, que suspendieron la aplicación de su directiva mientras se resuelve el litigio que impugna la política. El fallo fue redactado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett.
Con los conservadores de la corte como mayoría y los liberales en disidencia, el fallo especificó que la orden ejecutiva de Trump no puede entrar en vigor hasta 30 días después del fallo del viernes.
“Nadie discute que el Poder Ejecutivo tiene el deber de cumplir la ley. Pero el Poder Judicial no tiene plena autoridad para hacer cumplir esta obligación; de hecho, a veces la ley le prohíbe hacerlo”, escribió la jueza Barrett.
La jueza Sonia Sotomayor, en una opinión discrepante a la que se sumaron los otros dos miembros liberales de la corte, escribió: “La mayoría ignora por completo si la orden ejecutiva del presidente es constitucional, centrándose únicamente en la cuestión de si los tribunales federales tienen la autoridad equitativa para emitir mandatos judiciales universales. Sin embargo, la patente ilegalidad de la orden revela la gravedad del error de la mayoría y subraya por qué la equidad respalda los mandatos judiciales universales como remedios adecuados en este tipo de casos”.
Trump celebró el fallo en una publicación en redes sociales. “GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos”, escribió Trump en Truth Social. En su primer día de regreso al cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales negarse a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre que sea ciudadano estadunidense o residente permanente legal, también llamado titular de una “tarjeta verde”.
Según la directiva de Trump, a más de 150 mil recién nacidos se les negaría la ciudadanía anualmente, según los demandantes que la impugnaron, incluidos los fiscales generales demócratas de 22 estados, así como defensores de los derechos de los inmigrantes e inmigrantes embarazadas. El caso ante la Corte Suprema fue inusual en el sentido de que la administración lo utilizó para argumentar que los jueces federales carecen de autoridad para emitir órdenes judiciales de alcance nacional o “universales”, y pidió a los jueces que dicten ese fallo y apliquen la directiva del presidente incluso sin sopesar sus méritos legales.
En su opinión discrepante, Sotomayor afirmó que la orden ejecutiva de Trump es obviamente inconstitucional. Por lo tanto, en lugar de defenderla en cuanto al fondo, escribió, el Departamento de Justicia “solicita a esta Corte que declare que, independientemente de lo ilegal que sea una ley o política, los tribunales nunca pueden simplemente ordenar al Ejecutivo que deje de aplicarla contra nadie”.
“La manipulación de esta solicitud es evidente y el Gobierno no intenta ocultarla”, escribió Sotomayor. “Sin embargo, vergonzosamente, este Tribunal le sigue el juego”.
Los jueces federales han tomado medidas, incluida la emisión de órdenes a nivel nacional, para impedir el uso agresivo de la acción ejecutiva por parte de Trump para avanzar con su agenda. Los demandantes argumentaron que la directiva de Trump contravenía la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil de 1861-1865, que puso fin a la esclavitud en Estados Unidos. La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado donde residen.
La administración sostiene que la 14ª Enmienda, que desde hace tiempo se entiende que otorga ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida en Estados Unidos, no se extiende a los migrantes que están en el país ilegalmente o incluso a los inmigrantes cuya presencia es legal pero temporal, como los estudiantes universitarios o los que tienen visas de trabajo.
En una encuesta de Reuters/Ipsos realizada entre el 11 y el 12 de junio, el 24 % de los encuestados apoyó la eliminación de la ciudadanía por nacimiento y el 52 % se opuso. Entre los demócratas, el 5 % apoyó su eliminación, frente al 84 % se opuso. Entre los republicanos, el 43 % apoyó su eliminación, frente al 24 % se opuso. El resto expresó sus dudas o no respondió a la pregunta. La Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, le ha dado a Trump algunas victorias importantes en sus políticas de inmigración desde que regresó al cargo en enero.
El lunes, allanó el camino para que su administración reanudara las deportaciones de migrantes a países distintos del suyo sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los perjuicios que podrían enfrentar. En decisiones separadas, emitidas el 30 y el 19 de mayo, permitió que la administración pusiera fin al estatus legal temporal que el gobierno había otorgado previamente a cientos de miles de migrantes por razones humanitarias.
Pero el 16 de mayo el tribunal mantuvo en pie su bloqueo a las deportaciones de migrantes venezolanos por parte de Trump bajo una ley de 1798 utilizada históricamente solo en tiempos de guerra, criticando a su administración por intentar expulsarlos sin el debido proceso adecuado.
El tribunal escuchó los argumentos sobre la disputa por la ciudadanía por derecho de nacimiento el 15 de mayo. El Procurador General de los Estados Unidos, D. John Sauer, en representación de la administración, declaró a los jueces que la orden de Trump “refleja el significado original de la Decimocuarta Enmienda, que garantizaba la ciudadanía a los hijos de antiguos esclavos, no a los inmigrantes ilegales ni a los visitantes temporales”.
Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1898 en un caso llamado Estados Unidos v. Wong Kim Ark ha sido interpretado durante mucho tiempo como una garantía de que los niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos tienen derecho a la ciudadanía estadunidense. La administración de Trump ha argumentado que el fallo del tribunal en ese caso era más limitado y se aplicaba a los niños cuyos padres tenían “domicilio y residencia permanente en Estados Unidos”.
Los presidentes de ambos partidos (republicano y demócrata) se han opuesto a los mandatos judiciales universales y pueden impedir que el gobierno aplique una política contra cualquier persona, en lugar de sólo contra los demandantes individuales que presentaron una demanda para impugnar la política. Los defensores han dicho que constituyen un control eficiente de los excesos presidenciales y han obstaculizado acciones consideradas ilegales por los presidentes de ambos partidos.
POR: EXCELSIOR
