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Miembros del Concejo Municipal de San Antonio podrían recurrir a un mecanismo procesal poco utilizado para oponerse a lo que algunos han descrito como un exceso de poder por parte de la alcaldesa Gina Ortiz Jones, en relación con los cambios que realizó al proceso de elaboración de políticas del concejo.
Jones compartió un memorándum con el concejo la semana pasada en el que describe cambios sobre cómo funcionarán las Solicitudes de Consideración del Concejo (Council Consideration Requests, o CCRs), que son el principal método mediante el cual los miembros del concejo desarrollan políticas y aprueban ordenanzas.
Uno de los cambios requeriría que los miembros del concejo compartan sus propuestas con el jefe de gabinete de la alcaldesa, el abogado de la ciudad y el administrador municipal antes de poder recolectar firmas de apoyo de sus colegas para dicha propuesta.
En su memorándum, Jones afirmó que estos cambios se realizaron “con nuestro objetivo compartido de implementar políticas de una manera más oportuna.”
Pero al menos tres de sus colegas en el concejo no creen que Jones tenga la autoridad para realizar esos cambios por su cuenta.
