Citricultores y grupos civiles de Michoacán ven en el plan que Sheinbaum propone los mismos errores que llevaron al fracaso las intervenciones de Calderón, Peña Nieto y López Obrador; podría ser otro “nuevo mecanismo de simulación”, advierten
Por Dalia Martínez/Proceso
La Prensa
MORELIA, MICH.– Los tres planes que ha tenido Michoacán a partir de 2006 para pacificar principalmente las zonas álgidas de Tierra Caliente, donde se asientan los cárteles de la droga, han tenido por lo menos dos cosas en común: ignorar a la sociedad organizada local, así como las características particulares de los lugares en conflicto. Y el más reciente de la presidenta Sheinbaum al parecer lleva el mismo camino.
Esas características influyeron en el estrepitoso fracaso de los tres primeros, junto con la falta de transparencia sobre los costos y resultados.
Felipe Calderón Hinojosa apenas tenía 10 días de haber llegado a la Presidencia de la República en el 2006 cuando declaró una estrategia ofensiva en contra de los cárteles de la droga y del crimen organizado, movido sobre todo por la sed de venganza contra sus adversarios políticos del PRD y del PRI, pues en campaña supo de vínculos de integrantes de estos partidos con diversos grupos delictivos.
Gobernaba entonces Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum, y posteriormente, del 2008 al 2012, ocupó el cargo Leonel Godoy, quien llegó por el PRD.
Por esos tiempos, el capo Nazario Moreno, alias El más loco o el Chayo, reinaba con violencia en la zona de Tierra Caliente que colinda con el estado de Colima y era amo y señor de las cuotas de producción de limón, toronja, melón, pepino y otros productos que se cosechan principalmente en el Valle de Apatzingán.
Además, el Chayo y sus secuaces prácticamente gobernaban en la zona a través de varios alcaldes impuestos, que no tan sólo le debían el financiamiento de su campaña, sino que le debían favores de tipo personal y político, como se conoció en el caso del exalcalde del municipio de Tepalcatepec y hoy diputado local y líder del PRI estatal, Guillermo Valencia Reyes.
El Más Loco, sin embargo no nació, creció y se fortaleció con la estrategia de Calderón Hinojosa, sino que fue por lo menos en los últimos 10 años de gobiernos del PRI cuando este personaje operó con total impunidad de la mano de alcaldes y gobernadores, que después mutaron al PRD e incluso al PAN.
Desde ahí, el Chayo y otros capos menores infiltraron a más de un gobierno municipal, varios diputados locales y federales y funcionarios, hasta llegar al entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa (quien asumió el cargo en 2012), a través de su hijo menor, Rodrigo Vallejo, el Gerber.
Cuando Calderón introdujo su plan, llamado Operativo Conjunto Michoacán, en el 2006, la estrategia nunca estuvo clara, porque tampoco conocía los largos tentáculos que se tenían y que a la postre se fortalecerían con Genaro García Luna como secretario de Seguridad.
“Fue como aventar un cuete a un avispero solamente para ver qué pasaba, pero nunca se midieron las consecuencias ni la ofensiva que (el narco) desataría con armamento y recursos más poderosos que el ejército y que la guardia federal”, señala el analista de seguridad y exintegrante de la Mesa de seguridad de Apatzingán, Francisco Valle.
En mayo de 2007, menos de un año después del inicio de la ofensiva, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, José Luis Soberanes, denunció que se habían presentado por lo menos 53 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de los efectivos militares hacia la población civil.
Desde entonces Michoacán había sido uno de los estados del país más violentos y con menor control por parte de las autoridades de seguridad.
El gobierno de Calderón nunca rindió cuentas sobre el Operativo Conjunto Michoacán y los resultados finales y recursos utilizados nunca han sido aclarados.
Alfredo Castillo, el desastre
Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2014, volvería a anunciarse un nuevo intento de pacificación y desarrollo para el estado, que en esa ocasión fue bautizado como “Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr”, que surgió a raíz de la crisis de gobernabilidad que generó la elección del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y sus nexos con el crimen organizado, a través de la revelación de videos de su hijo menor, Rodrigo Vallejo Mora, quien se reunía frecuentemente con miembros del cártel de Los Caballeros Templarios.
Peña Nieto envió con amplias facultades administrativas y económicas a quien fuera su procurador de justicia cuando gobernó el Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, no sin antes nombrar, a mediados de 2014, a un gobernador interino que en ese momento fue el exrector y físico matemático de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero.
Desde el primer día, Castillo Cervantes instaló en puestos claves de la procuraduría michoacana a policías mexiquenses que ya no tenían cabida en las corporaciones policiacas del país, y con una bolsa 45 mil 500 millones de pesos, que según se anunció estaban destinados para proyectos de infraestructura, desarrollo social y seguridad en la Tierra Caliente de Michoacán, principalmente en el Valle de Apatzingán.
En menos de un año, Castillo Cervantes armó un proyecto que consistió básicamente en legitimar de palabra y armar a los grupos de autodefensa que surgieron en 2012, con el fin de dividirlos. Con el tiempo, esta estrategia dio pie a surgimiento de decenas de células delictivas, las mismas que hoy ahorcan con extorsión, homicidios y secuestros a la región.
A la postre, Castillo Cervantes sería inhabilitado por enriquecimiento ilícito entre los años 2014 y 2017, y nuevamente Michoacán vería pasar un intento de pacificación que no remedió nada y fortaleció a muchos criminales.
AMLO, “contra las causas”
Ya con Andrés Manuel López Obrador en el poder se anunció en 2021 otro proyecto de pacificación para el estado ante los graves índices de criminalidad que crecieron casi 200% en el periodo del perredista Silvano Aureoles Conejo, hoy prófugo de la justicia, y quien encabezó el gobierno estatal entre 2015 y 2021.
Durante la mañanera del 3 de diciembre de 2021, el entonces presidente López Obrador exclamó convencido que el gobierno federal “tiene el compromiso de pacificar Michoacán”, y presentó un proyecto de pacificación que consistía en tres ejes: otorgar becas y apoyos a madres y jóvenes para rescatarlos de la delincuencia; entregar recursos para el campo sin intermediarios y erradicar la violencia desde la cultura y la educación.
De la implementación de este plan hizo responsable directo al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acababa de llegar al poder.
Pero hasta el momento, y en la antesala de concluir su mandato, Ramírez Bedolla no ha presentado un solo informe o reporte de los resultados de ese proyecto del sexenio pasado.
Para Francisco Valle y otros analistas y académicos locales (que pidieron reservar sus nombres por motivos de seguridad), el gran fallo de estos planes anunciados desde el gobierno federal estriba en gran parte en que “no se ha tomado en cuenta a la sociedad civil organizada que vive y padece día a día la violencia”.
Sheinbaum, más de lo mismo
El nuevo plan de pacificación para Michoacán, anunciado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum a raíz de la crisis política y social que desató el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, aseguran, conlleva los mismos errores que los planes anteriores.
“Cuando menciona mesas de paz y seguridad quincenales con el gabinete de paz y seguridad, nuevamente omite un espacio para que la sociedad civil local exponga sus planteamientos, revise el diseño de la estrategia, intervenga y participe en el proyecto, pero en el mecanismo de evaluación de estos ejes de trabajo”, apunta, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana del Valle de Apatzingán.
Consultados al respecto, miembros integrantes de la organización civil Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim) que aglutina a más de un centenar de organizaciones civiles de Michoacán, coinciden en que “suena bien, pero llega tarde”.
Y cuestionan el planteamiento que hace sobre el apoyo para jornaleros, que dejaría fuera en lo inmediato a los productores de limón por no ser un producto de exportación, pero que por su carácter local y de distribución, principalmente en el mercado nacional, es el principal sujeto de extorsión y vulnerabilidad.
“Lo que vemos ahora es que en ese sentido los jornaleros del limón estarían quedando completamente fuera de ese planteamiento”.
Otros riesgos
Por su parte, empresarios citricultores y miembros de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán señalan que, tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, se abrió la puerta para que personas ligadas al crimen organizado regional, como el exdiputado federal Francisco Huacuz Esquivel, que llegó al Senado postulado por el Partido del Trabajo (PT) y renunció a éste en 2021 para incorporarse al PRD, actualmente se estén postulando para ocupar ese liderazgo, incluso sin pertenecer al sector.
En este sentido, los empresarios citricultores ven peligro y cuestionan si es que los recursos destinados al nuevo proyecto de la presidenta pasarán primero por manos de personajes como Huacuz Esquivel, que en la región señalan como uno de los principales operadores del cártel de Los Viagras y su líder Nicolás Sierra Santana.
Otro punto de preocupación lo constituye la Fiscalía General de Justicia (FGE) y su titular Carlos Torres Piña, quien mantiene un fuerte vínculo con la consejera estatal de Morena Isabel Torres Sánchez, señalada como su operadora política, pero también como presunta financiadora de células delictivas de Apatzingán, como reveló Proceso en el número que circula actualmente.
Desde hace varios años, la sociedad civil organizada ha elaborado propuestas y documentos construidos desde el terreno y con ayuda muchas veces de la iglesia, los comerciantes, y los maestros de las regiones, que llevan registros metódicos de la violencia y sus consecuencias.
Han diseñado incluso planes de prevención para mapear puntos de peligro, zona de minas y lugares donde el crimen organizado utiliza drones, bombas caseras y ataques recurrentes, en lugares como Uruapan, Apatzingán, Buenavista, Coalcomán y Aquila, entre otros municipios.
Expectantes de lo que vendrá, los grupos civiles organizados se mantienen, al margen hasta ahora sobre el nuevo plan de rescate y pacificación presidencial, pero plantean que, de cometer los mismos errores del pasado y de ser diseñados e implementados desde el centro del país, podría ser nuevamente “un tiro por la culata y un nuevo mecanismo de simulación”.
