La decisión se tomó luego de que se solicitara el retraso a petición de los coordinadores de oposición, Elías Lixa (PAN) y Rubén Moreira (PRI)
Por Staff/Agencia Reforma
La Prensa
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados confirmó a sus integrantes que se pospuso la reunión de este lunes para dictaminar la reforma constitucional que empata la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027.
De acuerdo con el oficio distribuido entre los miembros de la Comisión, la reunión se pospondrá «hasta nuevo aviso».
El aviso tiene lugar luego que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que solicitaría al presidente de esa instancia legislativa, el también morenista Leonel Godoy, retrasar la dictaminación de la iniciativa, a solicitud de los coordinadores Elías Lixa, del PAN y Rubén Moreira, del PRI.
Este lunes, al Comisión de Puntos Constitucionales estaba convocada a las 18:00 horas para dictaminar la propuesta presentada en septiembre pasado por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena.
El dictamen que fue distribuido el jueves pasado entre los integrantes de la Comisión plantea algunos cambios respecto a la iniciativa del vicecoordinador morenista.
La iniciativa original señalaba que las consultas populares podrían solicitarse en una sola ocasión «durante el periodo de los seis meses previos a la conclusión del tercer año del periodo constitucional».
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales sustituye esa frase por «del 1 de octubre al 31 de diciembre posteriores a la conclusión del segundo año del periodo constitucional».
Ambos documentos mantienen las modificaciones que establecen que las consultas se llevarán a cabo el primer domingo del mes de junio (actualmente se señala que en agosto) y que se llevarán a cabo el «mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión».
Además, establece en sus transitorios un plazo de 180 días naturales tras la entrada en vigor del decreto para hacer las adecuaciones legales necesarias.
