Representantes de la Iniciativa Privada expresaron su preocupación por la posible aprobación de esta reducción de jornada
Por Wendy Riojas
LA PRENSA
Representantes de la iniciativa privada expresaron su preocupación por la posible aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, al considerar que esta medida incrementaría la carga sobre las empresas, afectaría la productividad nacional y favorecería la ilegalidad.
Esto, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas se aplicará de forma gradual a partir de 2027, tras un acuerdo entre Gobierno, trabajadores y empleadores.
Al respecto Jorge Mtanous Falco, Presidente de Canacintra Monclova, señaló que aunque la propuesta aún no ha sido aprobada, dentro del sector industrial se observa un ambiente de incertidumbre. “Se ha hablado del tema, pero no ha pasado. Si llega a aprobarse, vamos a trabajar menos, producir menos y pagar más”, señalaron.
“Vamos a trabajar menos, vamos a producir menos y vamos a pagar más. Entonces, al final del día, te repito, la carga pues es para las empresas. el trabajador tiene derecho a eso y más, siempre y cuando haya condiciones en el país”.
La cámara advirtió que además del incremento en costos, existe un riesgo creciente de pasivos laborales que complican la operación de las empresas, particularmente en un contexto económico inestable.
Finalmente señaló: “¿Qué están promoviendo? Pues la ilegalidad, que entren otras empresas o que la gente esté trabajando sin pagar impuestos, sin facturar o comprando facturas. Eso es lo que están provocando”.
POSTURA DE CANACO
Por su parte, Oscar Mario Medina, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) reconoció que la medida implicará costos y ajustes para miles de negocios, sin embargo, consideran acertado que la modificación se realice de manera gradual.
Señaló que esta decisión permite a los comercios adaptarse paulatinamente a los cambios operativos y financieros que implica el nuevo modelo laboral. “Lo que se pedía era precisamente que fuera gradual, para que algunos comercios se fueran acomodando a estas nuevas inercias”, señalaron.
Admitió que representará un gasto importante, especialmente para pequeños y medianos negocios ya que deberán reorganizar personal, horarios y operatividad. Por ello, insistieron en que el gobierno debe contemplar incentivos reales para el sector comercial.
Recordó que en administraciones anteriores existían módulos de apoyo empresarial instalados dentro de las propias Cámaras de Comercio, financiados por la Secretaría de Economía. Estos espacios ofrecían incentivos, orientación para emprendedores, capacitación fiscal y laboral, así como acceso a financiamientos.
Sin embargo, señalaron que actualmente muchos de estos programas han desaparecido, dejando “desprotegidos” a los nuevos emprendedores. “Se ha perdido mucha capacitación y mucho apoyo financiero, y eso desalienta a las nuevas generaciones”, advirtieron.
