La votación responde a una decisión política y no a una evaluación técnica
Por: Fabiola Sánchez
La Prensa
La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, ha fijado una línea política clara: votar en contra de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos en los estados donde ese partido no gobierna.
Así lo evidencian audios y declaraciones difundidas a principios de diciembre, así como desde el año anterior, donde de manera explícita se instruye a las bancadas locales a rechazar los paquetes fiscales como una decisión política y no técnica.
En uno de esos audios, atribuidos a la dirigencia nacional, se escucha de forma textual: “Es una posición de Morena votar en contra de los presupuestos en los estados donde no gobernamos”.
De acuerdo con esos registros, la directriz responde a una lógica de confrontación: si los gobiernos estatales de oposición cuestionan o votan en contra del presupuesto federal, Morena hará lo mismo a nivel local, utilizando el presupuesto como herramienta de presión política. Coahuila se encuentra claramente dentro de ese escenario.
Cabe destacar un contraste que ha comenzado a generar inconformidad social. A nivel federal, Morena ha exigido a los partidos de oposición justificar el destino de cada peso del gasto público y ha descalificado cualquier cuestionamiento como bloqueo político. Sin embargo, en Coahuila, el Paquete Fiscal fue presentado de manera formal y detallada por el tesorero del Estado, explicando rubro por rubro la motivación del gasto y el destino de los recursos, particularmente en áreas sensibles como seguridad, desarrollo económico e infraestructura social.
Pese a ello, Morena habría decidido votar en contra no por el contenido del presupuesto, sino por una instrucción partidista previa. Esta postura implica rechazar recursos destinados a seguridad pública, inversión, empleo y programas sociales, no por fallas técnicas, sino por un cálculo estrictamente político-electoral.
La señal es clara: Morena privilegia la consigna nacional por encima de las necesidades locales, aun cuando ello afecte directamente la calidad de vida de las familias coahuilenses. Una decisión que no pasa desapercibida y que comienza a generar molestia entre ciudadanos que exigen responsabilidad y soluciones, no bloqueos políticos.
