La diputada Edna Dávalos explicó que observaciones financieras, montos elevados y falta de colaboración derivaron en imputación penal tras concluir la revisión legislativa
Karla Cortez
LA PRENSA
Ramos Arizpe, Coahuila.— La diputada local Edna Dávalos Elizondo afirmó que el caso de Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz imputada por abuso de funciones, no representa un episodio aislado en Coahuila ni una actuación excepcional de la Auditoría Superior del Estado (ASE), sino parte de un proceso continuo de fiscalización aplicado en diversos ayuntamientos en años recientes.
De acuerdo con la legisladora, la revisión del ejercicio público por parte de la ASE ha derivado en observaciones, montos señalados e investigaciones formales en distintos municipios, sin distinción de colores partidistas. Recordó que durante su participación en la legislatura anterior, se presentaron informes de auditoría con irregularidades detectadas en distintos municipios, administraciones encabezadas por fuerzas políticas distintas a las de Múzquiz, lo que —sostuvo— demuestra que el procedimiento responde a criterios técnicos, no a intereses políticos.
Dávalos explicó que el papel del Congreso termina en el momento en que se analiza el informe de resultados y se hace constar el monto de las anomalías detectadas. A partir de ese dictamen, añadió, corresponde a las instancias competentes iniciar carpetas de investigación, integrar expedientes y requerir comparecencias.
En el caso específico de Múzquiz, la diputada señaló que la falta de cooperación de exfuncionarios citados a declarar complicó el procedimiento, lo que finalmente derivó en una imputación penal presentada por la Fiscalía. La legisladora dijo desconocer los detalles posteriores a ese punto —pues la intervención del Congreso concluye al cerrar el análisis financiero—, pero subrayó que la revisión arrojó un monto observado que superaba de manera significativa la proporción del presupuesto municipal ejercido.
“Había cálculos iniciales que rondaban los 40 millones de pesos en observaciones, y finalmente el monto quedó en 23 millones, que fue el dato con el que se cerró el proceso de revisión”, puntualizó.
Según la diputada, ese volumen de recursos —considerando el tamaño operativo de Múzquiz— fue determinante para considerarlo un caso prioritario dentro de la fiscalización estatal. “Cuando el monto observado rebasa de forma notable la capacidad presupuestal del Ayuntamiento, se convierte en un hallazgo de alta relevancia”, afirmó.
Dávalos reiteró que las auditorías se sustentan en ley, se programan de forma anual y se desarrollan con criterios de responsabilidad administrativa, exhibiendo irregularidades, manejo indebido de recursos o incumplimiento de procedimientos cuando corresponde, sin necesidad de emitir interpretaciones políticas.
El proceso penal contra Tania Flores continúa en trámite en la instancia judicial, mientras que las auditorías municipales del ejercicio más reciente permanecen en integración de datos y validación de montos observados, conforme a los calendarios de la ASE. La legisladora insistió en que “el mensaje central no es la excepcionalidad de un municipio, sino la continuidad de un sistema de vigilancia financiera que opera todos los años en Coahuila”.
