• Las reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Derecho de Autor buscan salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes
• La propuesta que expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual está dirigida a impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica
El Pleno de la Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones dos iniciativas de la titular del Poder Ejecutivo Federal; una, plantea reformar diversas disposiciones de las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, y la otra expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y abrogar la Ley Federal de Cinematografía.
La primera tiene como finalidad primordial la protección de derechos de las personas que se dedican al doblaje –siendo esta actividad de artistas mexicanos un referente a nivel mundial– principalmente por su uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial (IA) y la consecuente salvaguarda de sus derechos laborales.
Asimismo, adecúa la ley autoral para posibilitar la aplicación de la Ley General de Mecanismos Alternativas de Solución de Controversias, ampliando las posibilidades de solución y acuerdos para las personas creadoras, intérpretes y ejecutantes, antes de someter sus controversias a procedimientos seguidos en forma de juicio.
En la Ley Federal del Trabajo se establece que, salvo consentimiento expreso libre, informado y que medie remuneración entre las partes, quedará prohibida la reproducción total o parcial de artistas intérpretes y ejecutantes con fines ajenos a la realización de las unidades de tiempo, una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones actuaciones por medio de herramientas tecnológicas computacionales o cualquier otro medio relacionado, conocido o por conocer.
Propone imponer multa, por el equivalente de 1000 a 5000 Unidades de Medida y Actualización al que contravenga lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor. En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta, sin que su monto exceda del doble del máximo.
En la Ley Federal del Derecho de Autor se fortalecen las facultades y atribuciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor para favorecer la protección de los derechos de las personas creadoras y de artistas intérpretes y ejecutante. Adiciona la ley en materia de notificaciones, que incluye la posibilidad de realizarse por medios tecnológicos para estar acorde con el actual Plan Nacional de Desarrollo.
Expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual
La segunda iniciativa busca expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y abrogar la Ley Federal de Cinematografía, con el objetivo de fomentar y regular la producción, distribución, difusión y promoción, comercialización, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y obras audiovisuales.
Además, garantizar el derecho humano de acceso a la cultura, reconocido en el Artículo 4o. de la Constitución Política, a través de una política articulada por el Estado mexicano en torno al cine y el audiovisual mexicano que, por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa que constituye una actividad cultural esencial para todas las personas.
La Ley Federal de Cine y el Audiovisual moderniza la Ley Federal de Cinematografía de 1992 con un enfoque de derechos culturales, inclusión social y libertad creativa. Amplía su alcance al ecosistema audiovisual contemporáneo, incluyendo a las obras audiovisuales y a las plataformas digitales de video bajo demanda, para garantizar el acceso a la cultura al promover los medios para su difusión y desarrollo de la cultura con pleno respeto a la libertad creativa, y reafirmar el compromiso del Estado con el fomento al cine y el audiovisual.
Incorpora principios transversales y mecanismos de planeación y rendición de cuentas, y responde a los retos actuales con certeza jurídica y propuestas equilibradas alineadas con los compromisos internacionales de México.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Cultura y Cinematografía y a la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
