Grupo Hotelero 1800 señala que la acción de PROFEPA deja al corporativo turístico en estado de indefensión
Wendy Riojas
LA PRENSA
CUATRO CIENEGAS, COAHUILA. — La reciente clausura del parque Río San Marcos, operado por Grupo Hotelero 1800, ha encendido alertas en el sector turístico local debido a su posible impacto en la economía del municipio, particularmente ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa.
La medida fue ejecutada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), derivada de denuncias de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en coordinación con autoridades locales de ambas dependencias, incluyendo la dirección regional de CONANP encabezada por Carlos Alberto Siguentes Lugo, la dirección del Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas a cargo de Cristino Villarreal, y la oficina estatal de PROFEPA en Coahuila bajo la responsabilidad del encargado de despacho Mario A. Guerrero.
Grupo Hotelero 1800 indicó que la clausura se llevó a cabo sin una valoración técnica integral previa ni un proceso adecuado de atención a sus argumentos, lo que —afirmó— los colocó en un estado de indefensión.
De acuerdo con la empresa, la medida fue aplicada de forma arbitraria y sin sustento técnico suficiente. Esta representa una acción desproporcionada en relación con las actividades que se desarrollaban, las cuales, aseguran, se han realizado bajo condiciones previamente conocidas por las autoridades ambientales y sin modificaciones estructurales recientes.
La clausura ocurre a pocos días del inicio de Semana Santa, considerado el periodo de mayor afluencia turística para Cuatro Ciénegas.
El cierre de este espacio podría traducirse en:
- Reducción en la llegada de visitantes
- Cancelaciones en servicios turísticos
- Afectaciones a la ocupación hotelera y comercios locales
El turismo representa la principal actividad económica del municipio, por lo que cualquier interrupción en su operación tiene efectos directos en la comunidad.
Grupo Hotelero 1800 destacó que su modelo de operación vincula la actividad turística con el financiamiento de iniciativas de conservación ambiental en la zona.
En este sentido, la suspensión de actividades no solo impacta la operación comercial, sino también la continuidad de proyectos ambientales que dependen de estos ingresos.
La empresa informó que ha iniciado los procesos legales correspondientes para impugnar la clausura y buscar el restablecimiento de sus operaciones.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades federales a revisar el caso bajo criterios técnicos y jurídicos claros, a fin de evitar afectaciones mayores y garantizar condiciones equitativas para la operación dentro del Área Natural Protegida.
El caso se da en un entorno donde operadores turísticos han señalado la necesidad de contar con lineamientos más claros y consistentes en la regulación de actividades dentro de la zona protegida.
Mientras tanto, el sector turístico local se mantiene a la expectativa del desarrollo de la situación, dada la relevancia de la temporada vacacional para la economía de la región.
