Mientras EU acelera investigaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, el discurso del gobierno mexicano también comenzó a endurecerse
Manuel Antonio Pízar / El Diario
Ciudad Juárez.- La llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump ocurrió en medio de uno de los momentos más delicados para el entorno político de Rubén Rocha Moya. La presidenta habló de coordinación en seguridad y de mantener el diálogo con Estados Unidos. Horas más tarde, desde Palacio Nacional, lanzó una frase que resonó con fuerza dentro de Morena: “No vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas”.
La declaración llegó justo después de que comenzaran a circular versiones sobre el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas al exgobernador de Sinaloa, familiares y el senador Enrique Inzunza, algo que Sheinbaum no desmitió este viernes. Al mismo tiempo, dos exfuncionarios cercanos a Rocha quedaron bajo la mira de la justicia estadounidense: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad detenido en Arizona, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas arrestado en Europa.
La secuencia ya empieza a verse como algo más que coincidencias. Mientras Estados Unidos acelera investigaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, el discurso del gobierno mexicano también comenzó a endurecerse. Sheinbaum insistió en que no habrá protección política si existen elementos suficientes para proceder judicialmente.
Aunque aseguró desconocer si la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas relacionadas con Rocha Moya, el mensaje dejó abierta una pregunta inevitable: ¿México ya tiene pruebas contra el exgobernador?
Oficialmente nadie lo confirma. Pero las detenciones internacionales, la presión del Departamento de Justicia estadounidense y las declaraciones de la presidenta parecen marcar un cambio de fondo. En política, los mensajes suelen llegar antes que las órdenes de captura. Y alrededor de Rocha, esos mensajes comenzaron a multiplicarse demasiado rápido.
