Rubén Moreira Valdez
Ocho años después, México es distinto, pero no mejor. Cambió a un régimen con tintes autoritarios, donde se usa la demagogia como instrumento de control. Desde el día en que tomó protesta López Obrador, los voceros del gobierno se esfuerzan por instalar en el colectivo la existencia de una transformación histórica. Le llaman 4T y, si no fuera por lo peligroso de su conducta, pasarían por una broma de un grupo de fanáticos dedicados a la política.
Las acciones del nuevo régimen se enfilan a recuperar el presidencialismo sin límites, debilitar el federalismo y minar el Estado democrático de derecho. La operación se estructura en varios frentes y tiene por objeto: 1. Eliminar los órganos autónomos que servían de contrapeso a la opacidad, las decisiones unipersonales y los abusos. 2. Desmantelar el Poder Judicial y apropiarse, con malas, artes del Legislativo. 3. Demoler la autonomía de los órganos electorales y de los tribunales de la materia. 4. Colonizar con ineptos las entidades donde antes se privilegiaba el servicio profesional. Un buen ejemplo es la Cancillería, y 5. Militarizar espacios civiles de la vida pública.
Hay quien señala que estas actitudes corresponden a prejuicios y posturas estrechas; otros argumentan que se deben a consideraciones de carácter ideológico. Sin embargo, soy de los que piensan que corresponden a una maquinación para construir un régimen con las características descritas. No es cosa menor la diferencia, pues, en el caso de la última hipótesis, anticipa la resistencia a perder el poder por la vía de las urnas.
Pero todo tiene un costo. El poder casi sin límites del movimiento que inició López Obrador se edificó a costa de mermar las capacidades del país. Hoy somos más débiles ante el mundo, y esto se debe a la poca confianza que genera un régimen donde, sin contrapesos, el capricho de una o dos personas puede cambiar de forma drástica el rumbo de la educación, la economía o la política exterior.
A ello hay que agregar la merma en la capacidad de respuesta en temas de carácter internacional. En los momentos más críticos para el país, las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores se encuentran en manos de neófitos, se debilitó el servicio consular y desapareció la agencia que promovía la inversión en México.
Otro factor es la destrucción del Poder Judicial. El sistema económico de mercado presupone la existencia de jueces que garanticen la propiedad, impidan los abusos del Estado y sirvan de árbitros confiables en las diferencias que tengan los particulares. Es evidente que el aparato judicial deja mucho que desear; basta ver alguna sesión de la Corte para comprobar la calidad jurídica de las actuaciones de los personajes que la integran.
La administración pública se debilitó al despedir a miles de burócratas de calidad y contratar, por bajo sueldo, a personas sin experiencia significativa. Hay que mencionar que tareas realizadas por civiles fueron encargadas a militares y, con ello, se eliminaron reglas de transparencia y competencia en las licitaciones. Muchas de las obras del gobierno han demostrado ser inútiles y siguen desfondando las finanzas del país.
La lista de estropicios es incontable, pero ahora el gobierno enfrenta una cascada de problemas. Se ha desatado una avalancha de incidentes que revela la debilidad estructural propiciada por el cambio de régimen.
La debacle apenas comienza y es consecuencia del derrumbe intencional de las instituciones.
