La mandataria es acusada por la presencia de agentes de Estados Unidos durante un operativo en Chihuahua en el que murieron cuatro personas
Por Fernando Damián/Milenio
La Prensa
MÉXICO.- Diputados locales de Chihuahua presentaron una demanda de juicio político contra la gobernadora del estado, Maru Campos, por presuntas violaciones a la Constitución y “omisiones graves con incidencia en la soberanía nacional, la seguridad nacional y el orden federal”.
Dichos señalamientos toman lugar tras la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua, el cual habría derivado en el fallecimiento de cuatro personas.
“La presente denuncia tiene por objeto que la Cámara de Diputados admita, sustancie y, en su caso, formule acusación ante la Cámara de Senadores respecto de la probable responsabilidad política de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua por hechos vinculados con la presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional dentro de un contexto operativo de seguridad, así como por la posible invasión de competencias reservada la federación en materia de seguridad nacional y política exterior”, se puntualiza en el documento de 104 cuartillas.
Planos de la imputación
De acuerdo con los 11 legisladores firmantes de la demanda, la imputación se formula en dos planos alternativos y concurrentes.
El primero, por acción, “si del acervo probatorio se desprende que la persona denunciada solicitó, autorizó, consintió o encubrió mecanismos de colaboración operativa directa con agentes extranjeros al margen del marco constitucional federal, o bien llevó a cabo actos de acuerdos, tratados, entendimientos con gobiernos extranjeros reservados a una esfera de gobierno diversa”.
La segunda, por omisión grave, “si se acredita que su calidad de titular del Poder Ejecutivo estatal y responsable política del aparato administrativo de la entidad permitió un funcionamiento institucional carente de control y reportes, así como de supervisión suficiente, con el consecuente quebranto al orden constitucional y a la soberanía nacional”.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, confirmó la recepción de la denuncia en la Secretaría General en el Palacio de San Lázaro a las 09:51 horas de este martes.
“En términos procedimentales se necesita ratificar; se presentó hoy, tendría que ser el 29 para su ratificación y, una vez que se ratifique, pues irá, en caso de que se ratifique, se va a la Subcomisión de Examen Previo”, explicó.
Defensa de Campos acusa persecución política
En una entrevista con Carlos Zúñiga para MILENIO Televisión, Roberto Gil Zuarth, abogado encargado del juicio de la mandataria, declaró que los señalamientos son parte de una persecución política de sus opositores.
El también exsenador detalló que en el citatorio de la FGR se aclara que la comparecencia era en calidad de testigo; sin embargo, exhibe que los fundamentos legales expuestos son los utilizados para citar a un inculpado.
«Por un lado le dicen que debe comparecer personalmente, pero por el otro le advierten que vaya acompañada de un abogado por si las dudas», explicó Zuarth.
El abogado asegura que las indicaciones de la Fiscalía caen en la ambigüedad, ya que no se ha especificado que información requiere por parte de la gobernadora de Chihuahua.
Además, Gil Zuarth argumentó que en el proceso existe un hecho nunca antes visto, pues la funcionaria fue citada en calidad de testigo pero con la posibilidad de ser inculpada a pesar de contar con fuero.
A pesar de las irregularidades planteadas, el defensor de Maru Campos confirmó que esta sí se presentará a comparecer y seguirá con el proceso de acuerdo a la ley.
A su vez, el abogado informó que se presentó una denuncia penal en contra del personal de la Fiscalía que desarrolló el comunicado, pues argumentó que el código penal establece que ningún Ministerio Público puede abrir un procedimiento de esta naturaleza contra un funcionario protegido por el fuero.
«La gobernadora no tiene nada que esconder, ha aclarado puntualmente su posición, el gobierno de Chihuahua ha colaborado activamente con las investigaciones. Simplemente lo que vimos es un hostigamiento procesal», explicó Gil Zuarth.
