La Directora del centro de rehabilitación expresó que no hubo una advertencia o notificación previa acerca del desalojo
Fabiola Sánchez
LA PRENSA
El centro de rehabilitación femenil Un Paso a la Vez contaba con todos los permisos municipales y estatales necesarios para su funcionamiento al momento de ser clausurado, además de que no recibió ninguna notificación previa sobre un posible desalojo o suspensión de actividades, aseguró su directora, Karina García Cuéllar.
La responsable del establecimiento explicó que la única inconformidad que conocía provenía de algunos padres de familia de una escuela primaria ubicada frente al inmueble, quienes se habían quejado por los gritos que se escuchaban durante las terapias grupales de las internas, sin embargo, señaló que dichas manifestaciones nunca derivaron en una advertencia formal por parte de las autoridades.
De acuerdo con García Cuéllar, la clausura ocurrió después de una verificación realizada por autoridades de salud estatal a diversos centros de rehabilitación, posteriormente, personal de la Fiscalía entrevistó a varias residentes y, según relató, fueron los señalamientos realizados por tres internas los que derivaron en la decisión de cerrar temporalmente el lugar.
La directora sostuvo que la medida se tomó sin que previamente se desarrollara una investigación exhaustiva sobre las condiciones de operación del centro.
Indicó que las autoridades tuvieron acceso a videos de vigilancia y a otra documentación que, a su consideración, debió formar parte de una revisión más amplia antes de ordenar la clausura.
Destacó que el inmueble operaba con licencia de funcionamiento municipal, autorización de la Secretaría de Salud, uso de suelo, acta constitutiva y vistos buenos de Protección Civil, entre otros requisitos legales.
Reiteró que toda la documentación se encontraba vigente y disponible para cualquier inspección y consiente de la inconformidad y preocupación de los padres de familia tenían la intensión de reubicarse de sitio.
Al momento de la intervención, el centro atendía a aproximadamente 28 mujeres en proceso de recuperación de adicciones, algunas menores de edad con autorización de sus padres y otras mujeres de otros municipios del estado.
García Cuéllar señaló que, junto con su equipo legal, buscará esclarecer las razones que motivaron la clausura y determinar los pasos a seguir para continuar brindando apoyo a mujeres que buscan rehabilitarse.
