Los ministros determinarán si la Ley General de Salud y el Código penal de la Ciudad de México, que sólo considera como forma válida de morir la denominada muerte natural, contraviene el derecho a la autonomía
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó reasumir competencia en un amparo promovido en contra de la prohibición absoluta de los procedimientos de eutanasia y suicidio asistido, por considerar que su penalización contraviene el derecho a la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad.
El caso cuestiona si es constitucional que en la Ley General de Salud y el Código penal de la Ciudad de México se prohíba de manera absoluta la eutanasia y el suicidio asistido, dejando como única forma valida de morir la denominada muerte natural.
El pleno aprobó por mayoría de ocho votos conocer el caso, a propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo y del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. El voto en contra fue de la ministra María Estela Ríos.
Aunque las votaciones de las reasunciones de competencia no tienen intervenciones de los ministros, en esta ocasión se pronunciaron la mayoría de ellos.
El ministro Arístides Guerrero García enlistó algunos de los países en los que es legal la eutanasia y suicidio asistido, o que fueron despenalizados por sus Cortes Supremas, como son Países Bajos, Bélgica, Canadá, Colombia, Suiza, Austria, Alemania e Italia.
El ministro Espinosa Betanzo, uno de los que formularon la reasunción, explicó que el amparo que conocerá la SCJN fue promovido por una mujer diagnosticada por segunda ocasión con cáncer de mama y, además, dedicó su vida a atender a personas con enfermedades terminales.
«Estas consideraciones resultan trascendentes, relevantes y de una importancia y trascendencia excepcional para que esta Corte se pronuncie al respecto», dijo el ministro Espinosa.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía coincidió en que el caso tiene características de interés y trascendencia constitucional, porque implica posicionarse sobre la autonomía de las personas para decidir cómo y cuándo concluir el ciclo de vida.
«El caso es relevante por las implicaciones éticas, jurídicas, sanitarias y penales que una eventual decisión pudiera generar en el sistema jurídico, particularmente en temas relacionados con consentimiento informado, autonomía médica, libertad de conciencia, cuidados paliativos y protección de personas en situación de vulnerabilidad», expresó la ministra Loretta Ortiz.
Esta ministra también destacó que en el caso se plantea evitar condiciones de sufrimiento físico o emocional prolongado.
Luego de que se aprobó que este amparo sea analizado por la Suprema Corte, deberá turnarse a alguno de los ministros para que elabore un proyecto donde se analice el fondo de la constitucionalidad de la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido.
Por Latinus
