Los colectivos trans pedían una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez para exigir el cumplimiento de una recomendación de la CNDH contra la discriminación de la comunidad.
Por STAFF / EL FINANCIERO
La Prensa
Colectivos de la comunidad trans fueron desalojados por personal de la Guardia Nacional de las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras cinco días de sostener un plantón en el interior de la institución, esto ante la negativa de una reunión con la secretaria Rosa Icela Rodríguez. Una activista resultó herida.
“Denunciamos que fuimos sacadas del plantón que tenemos aquí de la Secretaría de Gobernación por parte de la Guardia Nacional. Fuimos violentadas y nos sacaron a la fuerza con polvo extintor”, explicó a medios de comunicación la activista Victoria Sámano, de Lleca, escuchando la calle, refugio que da techo a personas trans que viven en situación de calle.
En videos compartidos por periodistas y activistas puede verse al personal de la Guardia Nacional dispersando con agresividad a las manifestantes de las rejas y muros de la institución.
La activista compartió que, pese al desalojo, el plantón continuará hasta que se logren avances en el cumplimiento de la recomendación recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La toma del inmueble ocurre en el mes del Orgullo LGBTIQA+ y cuando México reporta al menos 15 transfeminicidios en lo que va del año, según el colectivo Transcontingenta.
En 2025, el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbuam, se registraron 33 de estos crímenes de odio contra mujeres trans.
“A una compañera la golpearon en la cabeza, actualmente se encuentra en urgencias en un hospital de la Ciudad de México esperando ser antendida”, añadió.
El medio Radio Zapote reportó que Artemisa, de la colectiva Justicia Histórica Trans, fue la manifestante agredida y que salió d siste puntadas en la cabeza, policontusiones y esguince cervical en segundo grado.
La Red Rompe el Miedo rechazó el uso de la fuerza pública sin aplicar los protocolos en contexto de protesta en materia de diálogo por parte de personal de la Guardia Nacional y de seguridad de la Secretaría de Gobierno para expulsar a las manifestantes trans.
¿Por qué protestaban los colectivos trans en la Segob?
Colectivos de la comunidad trans tomaron un salón al interior de la Secretaría de Gobernación (Segob) el 19 de junio para exigir un diálogo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, debio a falta de acuerdos y en protesta por la ausencia de políticas públicas que atiendan la violencia estructural que vive dicha población.
“Estamos aquí también por parte de ‘Las abuelas trans’, no nos hacen ninguna justicia. Lo único que pedíamos era que nos dieran una fecha para dialogar con Rosa Icela y ni eso pudieron cumplir”, expresó una de las integrantes del plantón.
La toma inició a las 5:56 horas ante personal de la Segob tras una movilización sobre la avenida de Bucareli y una mesa en la que no se concretó una fecha con la funcionaria federal.
“Estamos dentro de la Secretaría de Gobernación y no nos vamos a mover de aquí porque no nos quieren dar una fecha de reunión”, expresó la activista Victoria Sámano.
Entre los colectivos que intengran la protesta se encuentra Justicia Histórica, conformado por adultas mayores, y Lleca, un colectivo y refugio para personas trans en situación de calle que lleva años exigiendo una Ley Integral que ayude a combatir la discriminación y marginación hacia la comunidad.
Las manifestantes recordaron que hace dos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42/2024 en la que se instaba al Congreso de la Unión a modificar el artículo primero de la Constitución para que incluya la identidad de género como una categoría sospechosa de discriminación, un término legal para designar cualquier característica o rasgo personal (como el origen étnico, género o religión) que históricamente ha sido motivo de discriminación y exclusión, y garantizar su medidas de protección.
En dicho documento, la CNDH también hacía un llamado a reformar el Código Penal Federal a fin de considerar la identidad de género como un agravante del delito de feminicidio.
