Convocatoria de emergencia en Palacio Nacional
El equipo de Harfuch y los fiscales especializados de la FGR revisaron el padrón de empresas y los flujos financieros que Washington señala como base del CJNG para infiltrar estados
Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma
La Prensa
MÉXICO.- La cúpula de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudieron este miércoles a Palacio Nacional, horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza recursos del huachicol para financiar campañas políticas en México.
Pasadas las 10:00 horas arribaron la Fiscal General, Ernestina Godoy; el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), César Oliveros, y el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), David Boone de la Garza.
Los tres funcionarios ingresaron por la puerta ubicada en el número 8 de la calle Corregidora, mientras que García Harfuch llegó prácticamente a la misma hora, aunque accedió al estacionamiento techado con entrada por Correo Mayor.
La presencia de los responsables de la procuración de justicia y de la estrategia de seguridad ocurre después de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusó al CJNG de utilizar las ganancias obtenidas por el robo y contrabando de combustible para financiar campañas electorales y favorecer la elección de políticos dispuestos a colaborar con la organización criminal.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el cártel utiliza esos recursos para influir en procesos electorales, controlar posiciones estratégicas en gobiernos locales y facilitar operaciones de lavado de dinero y contrabando de combustibles.
El reporte estadounidense precisa que la investigación contó con colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, aunque no identifica a partidos, candidatos o funcionarios específicos vinculados con esas presuntas operaciones.
Como parte de las sanciones anunciadas, el Gobierno estadounidense congeló activos e impuso restricciones a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con la red financiera y logística del CJNG dedicada al huachicol fiscal.
Esta mañana, en conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos presentar pruebas sobre las acusaciones, tal y como lo ha hecho en el caso del Departamento de Justicia, que solicitó la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y ex funcionarios mexicanos, incluido el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.
Tras asegurar que México ha colaborado con Estados Unidos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, admitió que su Administración no ha sido informada, de manera oficial, sobre el supuesto financiamiento de campañas por el CJNG.
