Su regreso a la gubernatura de Sinaloa fue una decisión personal, responde Segob, afirma se siguen pidiendo datos a Estados Unidos
ESPECIAL
LA PRENSA
La Secretaría de Relaciones Exteriores sigue solicitando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos las pruebas en contra del morenista, afirmó la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez
El gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa fue de «carácter personal» y precisó que la investigación en su contra se mantiene abierta.
Cabe recordar que el mandatario estatal solicitó licencia temporal el 1 de mayo de 2026 después de que Estados Unidos anunciara una indagatoria en su contra por narcotráfico y pedía al gobierno de México su extradición.
«En su momento, la Fiscalía General de la República informó que mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre ellas el gobernador de Sinaloa», dice el texto publicado por la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores sigue solicitando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos las pruebas en contra del morenista.
En la publicación de Rocha Moya, donde anunciaba que regresaba a la gubernatura, aseguró que tras 112 días de investigación la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no hay elementos de prueba que sustenten las acusaciones de Estados Unidos.
Su reincorporación se da en el marco de la detención de Corrales, testigo clave en el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y testigo clave en el “secuestro” de Ismael “El Mayo” Zambada, hechos ocurridos en Culiacán hace más de dos años.
De acuerdo con la FGR, Fausto Corrales probablemente intervino en los delitos de encubrimiento del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), asesinado en Culiacán, Sinaloa, así como de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.
El gobernador y nueve personas más, entre ellas el senador Enrique Inzunza y el presidente municipal de Culiacán con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, son requeridas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Estados Unidos los acusa de los delitos de conspiración para importar narcóticos, narcotráfico, corrupción y posesión de armas de fuego, por lo que el gobierno estadounidense solicitó a México su detención urgente con fines de extradición; algo que no se hizo.
Publicado por Iris Camila Beltran
