Sucedió en San Mateo Río Hondo después de que un grupo de personas irrumpió de forma violenta en una reunión comunitaria
El periodista Graciano Gómez cumplió 24 horas retenido en el barrio El Portillo, en San Mateo Río Hondo, Oaxaca, después de que un grupo de personas irrumpió de forma violenta en una reunión comunitaria que él cubría y lo dejó incomunicado junto con autoridades locales y otros habitantes en medio de una disputa política por recursos públicos y reconocimiento institucional.
La retención también alcanzó a Rigoberto Primitivo Ramírez López, identificado como alcalde constitucional; a Juan Hernández, suplente del alcalde; a Juan Domingo Pascual Velásquez, secretario del alcalde; a Cirilo Eduardo Hernández, representante del barrio El Portillo, y a Irma Martínez, esposa del representante del barrio. Todos permanecieron privados de la libertad dentro del mismo conflicto comunitario.
Los reportes preliminares ubicaron el origen de los hechos en una reunión del presidente comunitario indígena Efraín Ramírez Hernández en oficinas del barrio El Portillo. En ese lugar, un grupo de personas llegó e ingresó por la fuerza, y desde ese momento Gómez perdió contacto con sus compañeros de trabajo en TVBus y con su familia.
Pobladores señalaron que entre quienes encabezaron la agresión, el robo y la retención del comunicador estuvieron Efraín Domingo Ramírez Hernández y Mario Efraín Martínez. Ambos mantuvieron un conflicto personal con el presidente municipal electo Juan Félix Pascual Vargas.
La retención ocurrió durante una cobertura periodística en la Sierra Sur
La privación de la libertad del reportero ocurrió mientras realizaba una cobertura informativa, por lo que el caso no solo involucró a autoridades y actores comunitarios enfrentados, sino también al ejercicio periodístico en una zona atravesada por tensiones políticas locales. Las denuncias públicas sostuvieron que el comunicador era ajeno a la disputa.
En la comunidad también se denunció que Efraín Domingo Ramírez Hernández y Mario Efraín Martínez se autonombraron presidente comunitario y alcalde comunitario, respectivamente. A partir de ello, realizaron una serie de agresiones y acciones de golpeteo político contra Juan Félix Pascual Vargas.
La disputa que rodeó las retenciones llevaba varios meses. Estaba relacionada con la entrega de recursos públicos y con el reconocimiento institucional entre autoridades municipales electas y autoridades comunitarias.
Esa confrontación fue el contexto en el que se produjo la irrupción violenta en El Portillo. La retención del periodista quedó ligada a una pugna que ya rebasaba el desacuerdo político y alcanzaba a funcionarios, representantes barriales y personas cercanas a ellos.
Las familias pidieron intervención urgente del Gobierno de Oaxaca
Aunque periodistas y distintos organismos avisaron a autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca sobre la retención de Graciano Gómez, hasta el momento descrito en los reportes ningún funcionario ni representante de alguna instancia había acudido a la zona para dialogar su liberación. Esa ausencia de presencia oficial fue uno de los datos que más preocupación generó entre colegas y familiares.
Las personas afectadas y sus familias solicitaron la intervención urgente del secretario de Gobierno Jesús Romero López, del titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. La petición buscó garantizar la integridad de los retenidos y su liberación inmediata.
El secretario general del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación, Froylán Méndez Ferrer, afirmó que la privación ilegal de la libertad constituía un delito grave tipificado por la legislación penal mexicana. En el caso de un comunicador, agregó, también representaba una violación directa a la libertad de expresión.
Méndez Ferrer sostuvo: “Aunque este episodio ocurrió en el marco de un conflicto comunitario y no de un conflicto armado, el principio subyacente fue el mismo y ha sido reiterado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando señaló que un comunicador que documenta hechos de interés público actuó como observador independiente, no como parte del litigio, y su labor no pudo confundirse con una toma de postura frente a las disputas locales que cubrió”.
El caso también fue planteado como una agresión a la libertad de expresión
Las denuncias públicas expusieron que la retención e incomunicación del periodista constituyeron una vulneración al libre ejercicio de la comunicación y a los derechos humanos en la Sierra Sur. También advirtieron que usar a un reportero como pieza dentro de una disputa local colocó en riesgo el derecho de la sociedad a mantenerse informada.
En esos señalamientos se afirmó que la retención habría sido utilizada como mecanismo de presión política frente a autoridades gubernamentales. También se señaló que Efraín Domingo Ramírez habría estado presuntamente vinculado al diputado local Isac López López.
Los pronunciamientos sobre el caso enumeraron varias afectaciones legales: la privación del libre tránsito y la retención arbitraria de un ciudadano, la incomunicación en contra de su voluntad y el atentado contra la libertad de prensa. Según esas valoraciones, impedir el trabajo informativo mediante aislamiento e intimidación contravino las garantías constitucionales de los artículos 6° y 7°.
La incomunicación fue presentada además como una afectación directa a la integridad personal y física del comunicador. En el mismo sentido, distintas voces advirtieron que este tipo de hechos crearon un entorno de inseguridad para el ejercicio del periodismo en comunidades donde los conflictos políticos locales escalan sin mediación institucional inmediata.
El llamado final se dirigió a autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la Fiscalía de Oaxaca para que intervinieran de manera inmediata. La exigencia incluyó asegurar la integridad física de Graciano Gómez, lograr su pronta liberación y deslindar responsabilidades conforme a derecho en un caso que, al cumplirse 24 horas de retención, seguía sin respuesta oficial en el lugar.
Graciano Gómez fue retenido e incomunicado en El Portillo durante una cobertura periodística junto con cinco personas más.• El conflicto estuvo ligado a una disputa de varios meses por recursos públicos y reconocimiento entre autoridades municipales electas y autoridades comunitarias.• Familias, periodistas y organizaciones pidieron la intervención urgente del Gobierno de Oaxaca, la Fiscalía estatal y la Defensoría de Derechos Humanos.
Información de Infobae
Publicado por Iris Camila Beltran
