Recibió tres retribuciones cuyo monto supera los ingresos que percibía como mandatario estatal
Rolando Herrera
La Prensa
Mientras el Gobierno federal eliminó las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios, Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, podrá acceder parcialmente a cuentas bancarias congeladas desde mayo, donde recibe tres pensiones que superan sus ingresos como mandatario estatal.
La Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió el acceso a las ministraciones futuras de sus pensiones, luego de una suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La resolución de la Segunda Sala Regional en Sinaloa establece que Rocha podrá disponer únicamente de los depósitos provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Hacienda explicó que estos recursos están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones, pero aclaró que la medida no implica el desbloqueo total de las cuentas ni autoriza otras operaciones financieras.
Según su declaración patrimonial, Rocha recibió durante 2025 un salario y prestaciones por 797 mil 14 pesos como gobernador. En contraste, reportó 760 mil 313 pesos de pensión de la UAS y 554 mil 697 pesos del IMSS, que sumaron un millón 315 mil 10 pesos.
En esa actualización no incluyó ingresos del ISSSTE, aunque anteriormente había declarado 316 mil 102 pesos por ese concepto, correspondientes a 2024.
El exmandatario solicitó licencia el primero de mayo, después de que Estados Unidos lo señalara, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntamente facilitar operaciones de integrantes del Cártel de Sinaloa en territorio sinaloense. Posteriormente fueron inmovilizadas sus cuentas.
El caso contrasta con el del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, quien enfrenta acusaciones relacionadas con huachicol fiscal y permanece en prisión domiciliaria.
Ruffo continúa sin acceso a sus cuentas congeladas por la UIF. Según la información difundida, esta restricción también influyó en la discusión judicial sobre la garantía económica solicitada para permitirle continuar su proceso desde su domicilio.
Ambos casos muestran resoluciones distintas sobre el acceso a recursos bancarios durante investigaciones, aunque la autorización concedida a Rocha se limita expresamente a pagos de pensiones protegidos por la legislación.
Publicado por Rocío Ledezma
