Por José Buendía Hegewisch
La nueva ola de violencia política con 32 asesinatos de candidatos en vísperas de la elección deja poco lugar a dudas sobre la penetración del crimen organizado en la democracia. Hace tres años, en los comicios presidenciales, vivimos la campaña más sangrienta y ahora que la historia se repite es difícil sostener que son hechos aislados, como suelen calificar los gobiernos cuando no pueden explicar una situación. Por el contrario, estamos ante la modalidad del voto del narco, que no necesita expresarse en las urnas para influir en su resultado y, por consiguiente, en el rumbo del país. Basta con usar plata o plomo en la campaña para impulsar candidatos o hipotecar gobiernos municipales o estatales.
Si la democracia sirve de escalera para el ascenso del poder del crimen, la estrategia de seguridad del gobierno federal resulta inocua dado que su capacidad operativa depende de la infiltración y cooptación de autoridades. Consigue penetrar a las instituciones con el voto de la violencia para poner o quitar candidatos. Su modus operandi se ha vuelto predecible, aunque de poco sirve saberlo para las oportunidades de prevención y capacitación de la GN, policías locales y municipales responsables de evitarlo. Ya consultoras como Etellekt o Integralia advertían que la violencia política se recrudecería hacia 6 de junio antes que ocurrieran la crisis de seguridad en Jalisco y el asesinato del candidato de MC a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta. Los atentados de alto perfil están asociados a la presencia del crimen organizado y a la violencia como percutor del comportamiento de los ciudadanos en las urnas, especialmente en urbes de menos de 100 mil habitantes o rurales aisladas y con escasa presencia policiaca como Cajeme. En su caso, además, una ejecución anunciada como abogado de los LeBarón, cuya familia fue masacrada en 2019 por el narco.
En la antesala de las elecciones, al menos 6 de 17 estados con procesos locales coinciden en estar delante del crimen organizado y sufrir altos registros de inseguridad: Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Edomex, Morelos y Jalisco. En éste último la violencia es imparable y descontrolada, pero tampoco es un caso aislado cuando ya se contabilizan 143 crímenes vinculados al proceso electoral en otras entidades. La mayor cuota de sangre viene de esos estados en que, además, la violencia es cada vez más visible con desplazamientos de personas como en Los Altos de Jalisco, desapariciones o el asesinato de los tres hermanos González Moreno en Guadalajara.
La violencia política no es nueva en México. Tampoco la condena y la culpabilización entre partidos y autoridades incapaces de detenerla, cuando no interesados en aprovecharla en las urnas. Es publicidad dijo, el presidente López Obrador sobre la acusación de MC que lo inculpó del asesinato de Murrieta en Cajeme. “Puede que sea responsable, pero no culpable”, respondió. En el cruce de recriminaciones son omisos a las implicaciones del voto del crimen para la salud de la democracia, ven mayor rédito en las urnas con las denuncias de fraude que en combatir al crimen, aunque ello desgaste su relación con la ciudadanía. En efecto, como se ha argumentado, en estados con violencia generalizada, la participación puede resentir varios puntos porcentuales en la afluencia las urnas. Pero el costo para la democracia no deriva sólo de la abstención que prohíjan las atmósferas de miedo o su impacto en el comportamiento electoral. Desde marzo pasado más de 230 candidatos han denunciado amenazas y solicitado protección, pero no ha sido suficiente para que muchos desistan de seguir en la carrera.
Un reciente informe del Comando Norte de EU causó molestia en el gobierno porque señalaba que no tenía el control del 35% de su territorio. El Presidente lo rechaza. Pero lo que es más difícil de refutar es que la violencia política sirve al crimen para buscar la alineación de las estructuras políticas con sus intereses, mientras los partidos hacen de los crímenes de alto impacto meros actos de campaña.
