Perfilado como el próximo Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona está bajo la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento Ilícito.
Originario de la capital, donde nació el 18 de noviembre de 1980, «El Pollo»´–como se le conoce por los primeros negocios de distribución avícola de su familia–, arrastra desde hace varios años diversos delitos, por los cuales tiene amparos en curso.
Abogado de profesión y padre de cuatro hijos, producto de tres matrimonios, Gallardo fue Alcalde de Soledad Graciano Sánchez de 2012 a 2014.
A fines de ese año pidió licencia como Edil del segundo municipio más poblado de San Luis Potosí y conurbado con la capital, para buscar la candidatura del Partido de la Revolución Democrática al gobierno del estado.
Sin embargo, sus aspiraciones políticas fueron frustradas en enero de 2015, cuando la entonces PGR lo detuvo por delincuencia organizada y lavado de dinero. Once meses después fue liberado debido a que no se le demostraron los delitos.
Luego de tres años fuera de la política, «El Pollo» volvió a escena en 2018, convirtiéndose en diputado federal del PRD, partido al que renunciaría el 19 de febrero de 2019 para cobijarse en los Partidos Verde y del Trabajo, mismos por los que hoy está en la antesala de la gubernatura .
El 14 de agosto y el 9 de septiembre de ese último año, cuando construía de nueva cuenta su candidatura al Gobierno del estado, la ahora FGR inició dos nuevas investigaciones en su contra por denuncias de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Ambas pesquisas fueron iniciadas en el gobierno de la 4T, por querellas de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto.
Si bien las indagatorias aparecen justo en coyunturas políticas, como el actual proceso electoral, tampoco son nuevos los cuestionamientos sobre el enriquecimiento de la familia Gallardo y los escándalos de presunta corrupción, que incluyen a su padre Ricardo Gallardo Juárez, quien también fue Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, de 2009 a 2012 y de la capital de San Luis Potosí de 2015 a 2018.
En enero pasado, el diario digital Astrolabio publicó que los Gallardo pasaron de ser dueños de una empresa distribuidora de pollo con adeudos millonarios, a convertirse en dueños de un imperio inmobiliario de 3 millones de metros cuadrados con valor de más de 100 millones de pesos.
La llegada de Ricardo Gallardo padre a la presidencia municipal de Soledad, en 2009, coincide con el incremento de la riqueza familiar, según la publicación.
El 18 de septiembre de 2015 el Servicio de Administración Tributaria incluyó a Inmobiliaria Joriga, empresa constituida por «El Pollo» y su hermana Candy Aracely cuatro años atrás, en su lista de «factureras» o simuladoras de operaciones.
Unos meses después, a principios de 2016, se desató un escándalo por la revelación de que una proveedora inexistente le había vendido medicamentos por 34 millones de pesos a la alcaldía de la capital, a cargo del padre del hoy virtual ganador de la gubernatura.
Hace algunas semanas, en plena campaña, Gallardo Cardona dijo que las acusaciones contra su padre eran parte de una campaña negra del PRIAN.
Este caso de la contratista «fantasma» fue turnado a la FGR desde 2019 y nunca se ha dado a conocer si la indagatoria fue concluida.
Los amparos
Las investigaciones que sí están en curso son las que iniciaron el año pasado por denuncias de la UIF, tanto así que ameritaron que Gallardo presentara dos amparos ante el juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, para buscar el acceso al expediente.
Lo investigan junto con su padre, familiares y empresarios por un supuesto esquema de lavado que consistiría en la triangulación de 734 millones 608 mil 296 pesos, a través de contratos simulados, desde las alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
En 2015, cuando Gallardo hijo estuvo preso, se le acusó de desviar más de 209 millones de pesos desde el municipio de Soledad, de los cuales 119 millones 312 mil 800 pesos habrían sido triangulados a sus empresas.
Estos hechos, así como las empresas, están incluidos de nueva cuenta en las investigaciones en curso y la razón es que, cuando hace seis años Gallardo fue absuelto, el magistrado que le devolvió la libertad también dejó abierta a la FGR la posibilidad de imputarle un ilícito distinto al lavado por los mismos hechos.
Aunque a Gallardo lo acusaron en 2015 de delincuencia organizada, nunca se estableció de manera concreta una implicación con un grupo criminal.
La única mención aislada es una solicitud que hizo la PGR a un juez de Sonora para aceptar el juicio contra el potosino y en la que menciona que tiene vínculos con los Zetas. Pero esta referencia parecía más una justificación para que fuera ingresado al Penal de Hermosillo, que en ese entonces no tenía sobrecupo, pues en el proceso no hay una alusión a la organización delictiva.
Si bien la Administración de Andrés Manuel López Obrador lo tiene en la mira, Gallardo no es un enemigo del régimen. Hace unos días el presidente de Morena, Mario Delgado, se refirió a su persona como un aliado de la cuarta transformación.
