Al cumplirse una semana del fatídico accidente en la Mina Micarán, la asociación Pasta de Conchos y el grupo Centro PRODH, acusan que los mineros siguen trabajando en condiciones peligrosas, insalubres e inhumanas; al momento de que aseguraron que esta lamentable tragedia, pudo haberse evitado.
A través de un comunicado de prensa, la Asociación Pasta de Conchos, firmado en coordinación del Grupo Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, señala que a siete días de la tragedia minera, se había logrado la recuperación de los cuerpos de los trabajadores: Mauricio Cortez, Humberto Rodríguez, Pedro Ramírez, Damián Ernesto Arias, Gonzalo Cruz Marín, Leopoldo Méndez Sánchez y Carlos Moreno Cervantes.
“Destacamos que, a diferencia de lo ocurrido en 2006, en Pasta de Conchos, los trabajos de rescate de los cuerpos se mantuvieron hasta recuperar a todos” señala en forma enfática el comunicado.
Señala que este terrible episodio “golpea doblemente a los habitantes de la zona carbonífera, pues por quince años hemos denunciado que de mantenerse las condiciones que dieron lugar a la explosión en Pasta de Conchos habría nuevas víctimas mortales, sin que las autoridades hayan tomado medidas efectivas de protección de la vida de los trabajadores en una región que vive y convive con esta industria”.
Agrega que estos tres lustros han documentado y denunciado que el modelo minero de “pocitos de carbón” y minitas de arrastre “se basa en condiciones peligrosas, insalubres e inhumanas para los trabajadores”.
Señalan que como agrupaciones han ofrecido su colaboración total para corregir estas graves deficiencias.
“Incluso, en el litigio que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Pasta de Conchos, hemos hecho hincapié en la urgencia y prioridad de que se implementen medidas de no repetición y rescate, lo que lamentablemente han quedado fuera de los compromisos de la actual administración. Las familias peticionarias siguen viviendo y, en algunos casos, trabajando en el carbón, y les resulta prioritario garantizar que su comunidad no vuelva a sufrir más perdidas de este tipo”.
Señalan que en forma lamentable, al día de hoy “estas ilegales condiciones de trabajo siguen siendo generalizadas en la mayoría de las empresas asentadas en la zona e incluyen la omisión casi total de medidas y equipo de seguridad, así como la falta de registro de todos los trabajadores ante el IMSS, con lo cual en casos de accidentes, enfermedad o muerte, ellos y sus familias quedan en la desprotección”.
Detalle que pese a todo lo anteriormente expuesto, los empresarios del carbón han logrado mantener su operación, “burlando la ley y sin que sus contratos se vean afectados, hasta el grado de que, todo el carbón mineral obtenido de esta manera es comprado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
Recuerda que el pasado octubre de 2020, en la carta con fotografías entregada al titular de la Comisión, se advirtió de esta situación generalizada -con el ejemplo particular de la mina de Múzquiz- y se ofrecieron reunirse para aportar su trabajo y encontrar maneras de proteger la integridad de los mineros. “Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta”.
El comunicado señala que se busca corregir las deficiencias estructurales que dan lugar a estas afectaciones a la vida de los trabajadores, “se ilustra con dolorosa claridad en el caso de la familia del minero Pedro Ramírez, que antes de perderlo en la mina de Múzquiz ya había perdido a dos familiares en el siniestro de Pasta de Conchos y uno más en otras cuevas inundadas hace dos años”.
Ante esta tragedia, el comunicado exige a las autoridades federales: “Por ello, insistimos en que más que pronunciamientos o condenas públicas, lo que urge son medidas que eviten más muertes y accidentes: La prohibición legal de las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón; el compromiso público de la CFE de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la revisión de todos los contratos asignados; la cancelación de títulos mineros de todas las áreas que ya han sido explotadas; la elaboración de un “Protocolo Nacional de Salvamento Minero” que establezca líneas de mando en los tres niveles de gobierno y que se aplique en todo el ámbito minero, por último, una investigación diligente y exhaustiva que alcance a los empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores por no cumplir con las leyes y normas a las que están obligados”.
Asimismo, exigen que las familias de los trabajadores fallecidos en este siniestro reciban atención victimal, con los más altos estándares, y que los trabajadores de este complejo minero sean liquidados con el salario real que percibían.
“La muerte de los 65 mineros de Pasta de Conchos, la de los siete trabajadores de Múzquiz y la de decenas de personas más que desde 2006 han perdido la vida como consecuencia de estas inhumanas condiciones de trabajo no son hechos fortuitos ni inevitables, sino resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de empresarios carboníferos”.
