Dentro del esquema de cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas implementado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y con el objetivo de lograr el acceso efectivo a la justicia para las mujeres, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que participó ONU Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial del Estado y el Instituto Coahuilense de las Mujeres.
Katy Salinas Pérez, Directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM), explicó que en la sesión de trabajo se compartieron las acciones que se implementan en la entidad en tema de igualdad, prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Se contó con la presencia de Belén Sanz Luque, Representante de ONU MUJERES en México; Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); María Antonia González Del Castillo; Directora General Adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social; el magistrado Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Fernando de las Fuentes Hernández, Secretario de Gobierno; Katy Salinas Pérez, titular del ICM, y Ana Lorena Galindo, Jefa de Oficina de ACNUR Saltillo.
Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, expuso el modelo de los Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra las Mujeres, que tienen una competencia de carácter mixto para llevar a cabo procesos en materia Penal y Familiar.
Estos juzgados tienen como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia familiar y sus hijas e hijos; la pensión alimentaria provisional y la determinación de una custodia provisional a favor de las mujeres, garantizando con ello el acceso a una justicia con perspectiva de género efectiva para las coahuilenses.
Asimismo, las representantes de ONU Mujeres y CONAVIM reconocieron el gran trabajo que se realiza en el Estado, mediante las buenas prácticas implementadas por el Poder Judicial, y se acordó trabajar de manera conjunta con los organismos internacionales y nacionales para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia.
