Por Antonio Zamora
Mucho escándalo armado con la consulta para enjuiciar a ex Presidentes no tiene trascendencia y es otra cortina de humo de la 4T…
La Constitución establece que para que el resultado de la consulta sea vinculatorio debe participar al menos 40% de los electores, es decir, unos 37.5 millones de ciudadanos…
José Elías Romero Apis y José Fernández de Cevallos coincidieron que la justicia y la aplicación de la ley, no se pueden consultar.
“Si lo que se quiere es una investigación procesal penal, sólo hay uno que puede hacerlo: el Ministerio Público…
Es un monopolio constitucional que le confiere la ley. No requiere de consulta y sólo puede hacerlo él”, afirmó Romero Apis…
Para Fernández de Cevallos, la pregunta reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está “mal formulada, es poco clara, ambigua…
Deja a una interpretación tremenda (…) es una pregunta que, de pretender algún resultado jurídico, deja en una total incertidumbre y estado de indefensión a las posibles víctimas, en el caso de que existieran…
Si no sabemos qué se está preguntando, ¿a quién se está obligando, entonces? ¿Qué consecuencia va a tener? No veo consecuencia alguna”, dijo…
La pregunta que reformularon los ministros de la Corte ignora lo que dice el Artículo 17 constitucional…
La referida Consulta Popular se realizará a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien originalmente propuso preguntar si se enjuiciaba a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero la Corte reformuló la pregunta, que será la siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Romero Apis, exsubprocurador general de la República y de la CDMX durante casi 15 años, dijo: “Muchos juristas consideramos que cualquiera que sea la respuesta ciudadana, no puede ir en contra de la ley”…
Preferentemente una consulta ciudadana se hace cuando es algo no previsto por la ley, pero la ley presente tiene un mandato y eso no lo puede cambiar la ciudadanía”…
Y a manera de ejemplo, comentó que si se consulta sobre si se mata a una persona sea cual sea la respuesta “la ley dice que no lo podemos matar…
¿Queremos que perdonemos a los violadores y les demos un premio? Digamos lo que digamos los ciudadanos en una consulta, la ley manda otra cosa…
La pregunta de la próxima consulta, “tiene algo de vaga. ¿Quieres que se esclarezcan los hechos del pasado? ¿Quieres que se esclarezcan o quieres que se investiguen penalmente, o quieres que se castiguen?
“¿Que se esclarezcan? Se lo encargamos al Instituto de Investigaciones Históricas para que se esclarezca, para que queden en claro…
O lo que estás preguntando es si quieres que se abra una carpeta de investigación. No me queda en claro la pregunta a mí como ciudadano…
“¿Qué va a hacer la autoridad frente al resultado de la consulta?
Por ejemplo, el fiscal de la República, si nosotros decimos que castiguen a los expresidentes, pero no hay delitos por qué castigarlos, ¿los va a inventar? ¿Los va a linchar?
No puede hacerlo. Queremos que no los castiguen, pero sí delinquieron, ¿los va a perdonar? Él no puede perdonar…
Entonces, ¿qué se va a hacer con el resultado? Por eso digo que puede ser inocuo el resultado de la consulta”…
Y finalizó que “el linchamiento es democrático. La mayoría dijo que lo colgáramos, pero eso no es legal ni justo”…
Fernández de Cevallos se preguntó qué se podría hacer para esclarecer decisiones políticas del pasado.
“¿Qué se pretende hacer? ¿Alguna especie de comisión de la verdad, que sabemos que el resultado nunca es satisfactorio?
“¿Se erigirá el Congreso en alguna comisión investigadora donde sabemos que también, siempre, el resultado vuelve a ser una decisión política?
¿Vamos a pretender entonces condicionar así la administración de justicia de manera obligatoria?
“No le veo trascendencia. Honestamente no veo un resultado concreto. ¿A quién va a obligar? No lo sé…
Las autoridades están facultadas para investigar sin necesidad de que haya una consulta. ¿No sería más sencillo presentar una denuncia?”…
NOS LEEMOS MAÑANA…
