Mónica Bauer, ejecutiva de Pepsico, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por transferencias irregulares al extranjero.
La denuncia es parte de las indagatorias en contra de su esposo, el presidente del Tribunal Electoral Federal, José Luis Vargas, conocido como «magistrado billetes», por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Vargas fue exonerado por la FGR en una denuncia anterior de la UIF sobre enriquecimiento ilícito por más de 36 millones de pesos. El organismo a cargo de Santiago Nieto informó ayer que impugnó ante un juez federal la decisión de la Fiscalía.
Un juez de control citó para el próximo 30 de julio a representantes de la FGR, la UIF y del propio Vargas para determinar si prevalece la exoneración contra el funcionario.
La UIF presentó además la nueva denuncia contra el Magistrado en la que incluye a su esposa y a empresas por posibles transferencias ilícitas al extranjero y recepción de recursos de compañías «fachada».
«Esta Unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año en contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales», confirmó el organismo hacendario ayer en un comunicado.
Agregó que, tras un análisis, encontró que Vargas, su familia y empresas operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron depósitos en las cuentas bancarias de un familiar que no guardan relación directa con lo declarado ante el fisco.
Fuentes federales confirmaron por separado que el familiar incluido en la nueva querella de la UIF es Mónica Bauer Mengelberg, esposa del Magistrado, quien ocupa un cargo directivo en PepsiCo.
«Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad», señaló.
La UIF también indicó que desde el pasado 18 de junio su Dirección General de Procedimientos Legales presentó una impugnación ante la justicia federal contra el no ejercicio de la acción penal que tres días antes resolvió la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR.
