Sobre las indagatorias contra el presidente del TEPJF, José Luis Vargas, y su familia, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que acatará la resolución que dé el juez sobre el caso.
«Nosotros nos informamos de un juez de control y será un juez de control el que determine, puede determinar que no hay competencia, legitimación procesal activa para impugnar o no el ejercicio de la acción penal por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, puede determinar que falta investigación por parte de la Fiscalía, devolver la carpeta de investigación, se puede determinar que la investigación de la Fiscalía fue correcta y que por tanto no hay mayor cuestión que perseguir.
«En todos los casos, acataremos la resolución judicial y creo que es uno de los mecanismos que tenemos para hacer efectivo nuestro Estado de Derecho», comentó Nieto.
La UIF presentó una nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que incluye a su esposa y empresas por posibles transferencias ilícitas al extranjero y recepción de recursos de compañías «fachada».
El organismo a cargo de Santiago Nieto informó que también impugnó ante un juez federal del Reclusorio Norte la decisión que tomó la Fiscalía General de la República (FGR) de archivar por falta de elementos la investigación contra el magistrado por un presunto enriquecimiento ilícito de más de 36 millones de pesos.
Agregó que, tras un análisis, encontró que Vargas, un familiar y otras personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron depósitos en las cuentas bancarias de un familiar que no guardan relación directa con lo declarado ante el fisco.
Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el titular de la UIF añadió que existe un acuerdo con la SCJN y el CJF para revisar periódicamente a los jueces y magistrados electorales y, en caso de hallar un caso, hacerlo de conocimiento a las autoridades correspondientes.
«Con el presidente de la Suprema Corte y con el Consejo de la Judicatura hay un acuerdo para revisar periódicamente a los jueces a través de un modelo de riesgo, incluyendo los magistrados electorales y, cuando hay casos, lo que nos ha planteado el Presidente como instrucción es hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes», finalizó.
