Por carecer de fundamentación, un juez federal dejó sin efecto y declaró como inconstitucional la orden de aprehensión librada contra Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, por el caso de una supuesta indemnización ilegal de 5 mil millones de pesos del Infonavit a Telra Realty.
Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, concedió a los mencionados la protección de la justicia y ordenó reponer el procedimiento, es decir, resolver nuevamente si debe o no ser girado el mandamiento de captura.
«Se determinó que la orden de aprehensión dictada en su contra es inconstitucional, incongruente y debía cancelarse y dejarse insubsistente al no encontrarse debidamente fundados ni motivados los señalamientos por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero», informó la familia Zaga Tawil en un comunicado.
«Frente a la inconstitucionalidad, se les concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión y se ordenó hacer extensiva la protección respecto de todas las autoridades señaladas en dichas sentencias».
El fallo aún puede ser recurrido tanto por la Fiscalía General de la República como por la defensa de los imputados.
La acusación contra los Zaga es que en 2017 su empresa Telra Realty cobró una indemnización ilegal de 5 mil 88 millones de pesos al Infonavit, luego de que éste diera por terminados los contratos para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.
Para la FGR, el origen del dinero pagado a Telra es ilícito porque dicha empresa no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura; y «sorpresivamente» los funcionarios del Infonavit supuestamente simularon un proceso de mediación.
Rafael Zaga y su hijo se encuentran evadidos de la justicia desde diciembre pasado, mientras que Teófilo Zaga Tawil -hermano del primero- fue detenido el 30 de abril pasado en Xochitepec, Morelos, y actualmente se encuentra preso en el Penal del Altiplano.
En el comunicado, los Zaga aseguran que los amparos concedidos no son producto de un actuar legal ni natural del Juez Rivera, sino consecuencia de varias promociones y protestas por su atraso y falta de ética, como son los escritos que le presentaron el 12 y 13 de julio pasados para señalarle su dilación.
De acuerdo con el documento, en los primeros 500 expedientes recibidos este año, el juez admitió y dictó sentencia en 339, los otros 157 fueron desechados o estaban listos para ser resueltos, mientras que los amparos de los Zaga eran los únicos sin audiencia constitucional ni sentencia.
La sentencia del juez fue dictada el 13 de julio y notificada al día siguiente, según el portal del Consejo de la Judicatura Federal.
«Adicionalmente, llama la atención que al resolver los amparos, el juez eludió temas cruciales como el derecho a un juicio justo, a no ser expuesto públicamente como culpable y omitió entrar al estudio sobre la parcialidad y ausencia de buena fe ministerial por parte de la FGR en lo general y del Fiscal General en lo particular», señalan los imputados.
Indicaron que aún no han sido resueltos los amparos de los coprocesados Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario general y ex coordinador general jurídico del Infonavit, lo que consideran una denegación de justicia que ha permitido actos de «tortura judicial».
El objeto de esta dilación, señala el comunicado, es que la voluntad y dignidad humana de ambos ex funcionarios «se quiebren y acepten ser un instrumento más en esta persecución, al igual que lo hicieron con Alejandro Cerda».
Este último abandonó en junio pasado el Penal del Altiplano, luego de negociar un criterio de oportunidad con la FGR, es decir, de colaborar en las investigaciones federales a cambio de la cancelación de la acción penal.
Los Zaga dijeron que esperan que el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ponga un alto a esta manipulación sistemática del Poder Judicial de la Federación (PJF).
«Pues resultaría inaudito que de facto haya quien tenga el poder para manipular dos centros de justicia distintos, influyendo en jueces, administradores, magistrados que han venido conociendo del asunto y dilatando y negando justicia a los ciudadanos que la piden», señalan.
«Pareciera que los responsables últimos de la injusticia que ha venido tratando de consumar el Fiscal General de la República son los miembros del PJF que han claudicado a su imperio jurisdiccional y a cumplir con su obligación de proteger a los ciudadanos que acuden a él para pedir justicia».
