Jesús E. Medina
El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, sostuvieron una reunión con los representantes y abogados de las familias afectadas en el accidente del pasado fin de semana en la Carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 8.5, en los límites entre los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo.
El Secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, expuso que se sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno donde se reafirmó el apoyo del Estado para que se esclarezcan los hechos, se sancione y se brinde la ayuda humanitaria necesaria.
“De esta manera podemos decir que la sociedad entera queremos que se esclarezca y que se den la sanciones conforme a la Ley ante estos hechos tan lamentables que hubo el fin de semana”, declaró.
El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, informó que de los servicios funerarios y los servicios médicos, eventualmente el Gobierno del Estado se está haciendo cargo a través de la Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal para Atención a Víctimas.
“La Fiscalía General del Estado desde que toma conocimiento del evento empieza con la integración de la carpeta de investigación, también hay asistencia a víctimas por parte de la Fiscalía con el apoyo psicosocial a las víctimas indirectas”, señaló.
Precisó que en las primeras 48 horas que la Ley concede al Ministerio Público se ha integrado la carpeta de investigación para la primera fase del proceso penal, que es la audiencia inicial, donde se le formuló la imputación a Erik Javier “N” por diversos delitos, como el de Homicidio Culposo Agravado; Lesiones Gravísimas que ponen en Peligro la Vida; y Daños, y hoy por la mañana se dio la audiencia inicial y se le vinculó a proceso, donde se otorgan tres meses de investigación complementaria.
Comentó que los abogados y representantes de las víctimas han manifestado total apertura para con las autoridades sobre las acciones que se están emprendiendo desde el Gobierno del Estado respecto al apoyo para los servicios funerarios, gastos médicos, así como el soporte legal y jurídico de la Fiscalía para que se aplique la Ley en toda su extensión y que las consecuencias de la conducta delictiva sean asumidas por el responsable.
“La impunidad no existirá, porque el primer rasgo de aplicación de la Ley lo encontramos ya ahora con la vinculación a proceso, y evidentemente la Ley se está aplicando. Hay confianza por parte de los familiares de las víctimas, tanto mortales como lesionados, en la procuración de justicia y en el soporte del Gobierno del Estado que se está proporcionando”, puntualizó.
