Por primera vez en más de cinco décadas los cubanos podrán abrir pequeñas y medianas empresas privadas, contratar empleados y acordar salarios, una medida de apertura económica pospuesta por años y que llega en momentos en que la isla atraviesa una crítica situación económica.
Las autoridades dieron a conocer en la Gaceta Oficial un paquete con una veintena de normas y resoluciones que organizan el trabajo independiente del Estado, incluido el reconocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mpyme), eliminadas en la década del 60 al tiempo que crecía el sistema centralizado y socialista bajo la influencia de la antigua Unión Soviética.
Pero a partir de ahora, según el Decreto-Ley 46, se reconocerán diferentes tipos de propiedades como “actor que incide en la transformación productiva del país” y bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Éstas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía e inscriptas en un registro mercantil para su funcionamiento.
Las firmas o talleres más pequeños podrán tener desde uno hasta 10 empleados y las más grandes hasta 100 y en general se permitirán todas las actividades menos algunas reservadas como la edición de diarios o revistas, la educación o las ocupaciones relacionadas con las profesiones como arquitectos o abogados.
La norma especificó que estas Mpymes podrán ser además de privadas, estatales -por ejemplo dependientes de una universidad o industria- y mixtas.
Para constituir una Mpyme privada las personas deberán tener más de 18 años y ser ciudadanos cubanos residentes permanentes en el país, lo que limita las expectativas de muchos emigrados que se mostraron dispuestos a invertir en la isla.
La constitución de estas empresas está prohibida para los funcionarios y se les dará luz verde para importar y exportar sin imposición de precios, aunque deberán hacerlo mediante empresas estatales.
El paquete de leyes también actualiza y organiza las reglas de los llamados Trabajadores por Cuenta Propia o TCP, que eran la forma en que se desarrollaban hasta ahora muchas de estas pequeñas empresas que surgieron al calor de una reforma iniciada en 2010 por el expresidente Raúl Castro y que permitió en estos años una incipiente iniciativa privada compuesta por talleres de oficios, restaurantes, cafeterías, vendedores ambulantes o casas de renta para turistas.
Además, le da forma a las cooperativas no agrícolas que también fueron abriendo estos años.
En 1968 el gobierno cubano dispuso el cierre de los pocos pequeños negocios que quedaban en pie desde la revolución de 1959 -cuando se nacionalizaron las grandes industrias- y estatizó talleres y bodegas, un proceso que además significó la estigmatización de los empresarios y la producción particular bajo la égida del socialismo.
Sin embargo, en la pasada década Raúl Castro reconoció la necesidad de contar con un trabajo más eficiente y reabrió el mercado de bienes raíces, ofreció tierras en usufructo y permitió una apertura mientras la economía de la isla caía en picada presionada por las sanciones de Estados Unidos que -especialmente durante el mandato de Donald Trump- asfixiaron las finanzas isleñas, a las que luego se sumó la pandemia de coronavirus.
El Producto Bruto Interno retrocedió un 11% en 2020 y miles de personas se manifestaron en julio en las calles en rechazo al desabastecimiento de bienes básicos y los cortes de luz.
El reconocimiento de la necesidad de las Mpymes como una organización fiscal y productiva que dinamizara la economía comenzó hace cinco años, pero las autoridades dilataron su publicación. Aunque reconocen su papel en la generación de empleo y mejoras para la población, las autoridades dijeron que la apuesta de la isla seguirá siendo la empresa estatal socialista.
