Una oleada de críticas y reclamos de la comunidad académica y científica levantó el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) de llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt.
El Rector de la UNAM, Enrique Graue, condenó ayer las acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada.
«Ante la creciente preocupación y desasosiego que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa, debemos manifestarnos», expuso.
«Me permito afirmar que la UNAM reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia», dijo en el marco de la cancelación de una estampilla postal alusiva a los 100 años del escudo y lema universitarios.
Los asistentes, entre quienes se encontraban miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM, directores de facultades, preparatorias y el CCH, aplaudieron en respaldo a lo enunciado por el Rector.
Uno de los perseguidos por la Fiscalía es Enrique Cabrero, ex director del Conacyt y recientemente nombrado integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM.
«Es incomprensible esta guerra que se ha desatado desde prácticamente el comienzo de este sexenio», dijo el físico Alejandro Frank, Premio Nacional de Ciencia, quien calificó el actuar de la FGR como «terrorismo» contra el gremio.
«Esto ha despertado un sentimiento de rechazo absoluto por parte, yo diría, de un gran porcentaje de la comunidad científica», señaló.
A finales de agosto, la FGR solicitó infructuosamente la aprehensión de miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y de servidores públicos del sexenio pasado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, cargos que resultaron improcedentes.
No obstante, tras la devolución de la carpeta de investigación por parte de un juez, la Fiscalía volvió a pedir las órdenes de aprehensión que, por segunda ocasión, volvieron a ser rechazadas. E insistirá por tercera vez ante un juez.
El Fiscal Alejandro Gertz obtuvo en la gestión de María Elena Álvarez-Buylla el grado SIN 3 que no había logrado en 11 años.
Álvarez-Buylla promovió ante la FGR de Gertz acusaciones por supuesto mal manejo de 244 millones de pesos que el FCCyT recibió durante el último sexenio administrado por funcionarios que en su momento se opusieron a la promoción académica de Gertz.
Juez da revés a Gertz, pero embiste de nuevo
El juez federal Gregorio Salazar negó las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios a los que acusa de delincuencia organizada.
Sin embargo, la Fiscalia volverá al ataque. Anoche, tras reprochar el rechazo del juez, informó que volverá a solicitar las órdenes de aprehensión y presentará todos los recursos legales que sean procedentes.
Las órdenes de captura solicitadas son por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por la transferencia de 244 millones de pesos durante seis años desde el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Gregorio Salazar resolvió que no ocurrieron los delitos señalados por la FGR para recluir a los involucrados en el penal de Almoloya.
