Por Pascal Beltrán del Río
Los niños fronterizos vacunados… y los otros
La política nacional de vacunación contra el covid –que no incluye a los menores de edad salvo los de 11 a 17 años que tienen ciertas comorbilidades– está creando dos clases de niños y adolescentes en México.
Por un lado, los que viven en la franja fronteriza o a corta distancia de ella. Ellos, desde el lunes pasado –cuando se reabrió la frontera para viajes no esenciales– están en posibilidades de que sus padres los lleven a Estados Unidos para recibir la vacuna o, en su defecto, pueden beneficiarse de la cercanía geográfica con el vecino del norte inoculándose en territorio nacional con vacunas donadas por autoridades estadunidenses.
A estos habría que agregar a quienes son parte de familias que tienen la capacidad económica de volar a EU desde cualquier punto del país para aprovechar la posibilidad de vacunarse, como ocurre con cualquier menor estadunidense, de 5 años de edad en adelante, desde el pasado 3 de noviembre.
Por otro lado, está el resto de los mexicanos menores de edad, aquellos que no tienen la posibilidad de viajar por avión a alguna ciudad de EU –por falta de dinero o porque sus padres no cumplen con los requisitos para ser admitidos como turistas en ese país– o los que viven tan lejos de la frontera que no están en condiciones de aprovechar las ventajas arriba mencionadas.
Desde que la vacunación de menores de edad comenzó a aprobarse en distintos países –luego de recibir al aval de sus autoridades sanitarias– el gobierno de México ha puesto enormes resistencias a esa posibilidad. Incluso, ante las resoluciones judiciales que han hecho obligatorio que los adolescentes reciban el biológico. La postura de las autoridades federales es que los menores de edad no necesitan las vacunas porque tienen un sistema inmunológico más fuerte, como ha dicho públicamente Jorge Alcocer. Pese a que la evidencia científica recomienda que los menores se vacunen, Alcocer aseguró que él no llevaría a sus nietos a ponerse la dosis.
Peor aún, el subsecretario Hugo López-Gatell afirmó que los menores cuyos padres tramitan un amparo para que los inoculen, “le están quitando la oportunidad a otras personas” para ser vacunadas.
Sin embargo, el gobierno federal no se ha quedado sólo en palabras. Luego de la resolución de un juzgado, que ordenó vacunar a todos los adolescentes, más allá de su condición de salud, la Secretaría de Salud impugnó la decisión.
Dicha oposición no parece ser sanitaria, sino presupuestal. ¿Por qué lo digo? Porque mañana sábado el Consulado de México en Laredo, Texas, que responde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, comenzará a vacunar a niños a partir de los 5 años de edad mediante dosis donadas por autoridades estadunidenses, apoyado en una lista que integra la Secretaría de Desarrollo Social del ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La vacunación de menores contra el covid en Laredo, Texas, depende de la disponibilidad de dosis de Pfizer, pero, al momento de escribir estas líneas, unos mil 500 menores, de entre 5 y 11 años de edad, ya habían sido anotados por sus padres.
Es decir, en esos casos el gobierno mexicano no parece estar en contra de vacunar a los niños por considerar que no necesitan el biológico. Lo que sucede, aparentemente, es que mientras no tenga que pagar por esas vacunas, no tiene problema con que los menores se las pongan.
Por eso, uno tiene que preguntarse cuáles son las prioridades presupuestales del gobierno federal. ¿A qué se debe que no haya límite en los recursos destinados a las obras emblemáticas, pero aquellos dirigidos a la salud de los niños –llámense quimioterapias o vacunas– se suelten a cuentagotas?
