Luego de más de dos meses de alargarse la audiencia inicial contra Raúl Beyruti, «El Rey del Outsourcing», ésta fue aplazada otra vez por la inasistencia del Ministerio Público Federal (MPF).
El juez obligó al acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero a estar de manera presencial en la audiencia, situación que fue desperdiciada por el MPF.
La defensa de Beyruti afirmó que desde septiembre pasado el acusado pidió que se llevara dicha audiencia mediante videoconferencia, debido a su precario estado de salud y enfermedades degenerativas.
No obstante, el 27 de septiembre, el Juez Daniel Ramírez Peña tuvo por injustificada la inasistencia del imputado a la audiencia inicial a celebrarse en el Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano, librando una nueva orden de aprehensión con efectos procesales por no acudir al juzgado.
Ramírez Peña citó al Beyruti y a los representantes del MPF para que la audiencia se llevara cabo el 29 de noviembre.
No obstante, la defensa informó que los fiscales no acudieron a la cita, por lo que el juez aplazó la audiencia inicial, fecha que se reservaron los abogados.
En este asunto, la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a Beyruti recibir en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos supuestamente de origen ilícito, provenientes de cinco empresas, cuatro de ellas declaradas oficialmente como «factureras».
Las compañías son Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V., Pioneros en Administración S.A. de C.V., Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V., Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V y Tikhvin, S.A. de C.V.
Sin embargo, cuatro de las 10 personas contra las que se ordenó la aprehensión por el caso -en el figura Bayruti- ya libraron la imputación por falta de elementos, ya que un juez resolvió no vincular a proceso a los tres que fueron detenidos, mientras que otro ganó el amparo contra la captura en forma definitiva y sin pisar la cárcel.
Se trata de Manuel Alejandro Zepeda Álvarez, Benito Pérez López, Jorge Francisco García Reyes y Héctor Alberto Lezama Argáez, según información del Poder Judicial de la Federación.
Hay un quinto implicado, Marco Antonio Medina Moreno, que apenas ganó su amparo en primera instancia contra el mandamiento de aprehensión, pero la Fiscalía General de la República (FGR) aún está en tiempo para impugnar el fallo.
Las personas morales también litigaron y tres ya consiguieron desvirtuar por distintas vías legales su inclusión en la lista de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mientras que otra acreditó que nunca le pagó un peso a Beyruti.
Sólo Tikhvin, S.A. de C.V. tiene pendiente la resolución de un amparo que promovió contra la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de listarla como EFOS o «facturera».
La dimensión de este caso, de hecho, se ha ido recortando desde su origen.
Cuando el 30 de octubre de 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la denuncia ante la FGR, relacionaba en este asunto a Beyruti con una red de 294 empresas fachada o de papel, y señalaba que tenía participación, junto con su familia, con 95 compañíías que operaban recursos ilícitos.
Pero al judicializar la indagatoria, la Fiscalía sólo pudo establecer su relación con cinco empresas y no obtuvo elementos para imputar penalmente a ninguno de sus familiares, entre ellos Carolina de la Torre Rodríguez, la única persona denunciada en forma específica junto con Beyruti.
La denuncia de la UIF también señala al empresario por depósitos de 17 millones 888 mil 164 y retiros de 50 millones 639 mil 382 pesos, supuestamente ilícitos; recepción y envío de SPEIs por 94 millones 220 mil 606 y 116 millones 463 mil 180 pesos, respectivamente, así como retiros en efectivo por 7 millones 378 mil 551 pesos.
Al final, sin embargo, la FGR sólo pudo acreditar parcialmente una imputación por 4 millones 335 mil 705 pesos.
