El Presidente Joe Biden promulgó ayer la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022, mediante la cual el Congreso de Estados Unidos destinará más de 158 millones de dólares en ayuda bilateral para México, pero por primera vez estableció que los recursos no serán para militares mexicanos que participen en labores de seguridad pública.
“Ninguno de los fondos asignados por esta iniciativa y puestos a disposición para ayuda a México se utilizará para apoyar la participación militar en la aplicación de la ley en México”, dice la el texto de la ley promulgada ayer por Biden, luego de meses de negociación entre las dos Cámaras del Capitolio.
Manteniendo el mismo nivel de fondos de años recientes, bajo el paraguas de la extinta Iniciativa Mérida, la mayor parte del total de la ayuda de EU a México (100 millones de dólares), ahora a través del Entendimiento Bicentenario, está destinada para fortalecer la lucha contra de las organizaciones criminales transnacionales y la promoción del Estado de Derecho.
Los otros 50 millones están etiquetados para actividades de promoción económica y social.
En específico, los fondos para actividades de aplicación de la ley deben incluir apoyo a instituciones del sector justicia mexicanos para combatir a organizaciones criminales, inversiones para promover la reforma judicial y la promoción de los derechos humanos, así como la búsqueda de personas desaparecidas.
La Ley de Presupuesto 2022 especifica que la ayuda del Departamento de Estado para México debe dedicarse a ayudar al Gobierno mexicano a reducir el cultivo de amapola y la producción de drogas sintéticas, así como programas para reforzar el control de precursores químicos que llegan desde China.
El gran total también incluye 6 millones de dólares para financiamiento de equipo militar dirigido a las Fuerzas Armadas mexicanas. Tradicionalmente, el Pentágono hace la sugerencia de los equipos solicitados por México y el Departamento de Estado da su autorización final para su financiamiento.
Dos últimos rubros más pequeños incluyen un millón 160 mil dólares para actividades antiterrorismo y contra minas personales en México, además de un millón 750 mil dólares en entrenamiento y educación militar para miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas bajo el programa FMF de larga data.
Desde 2007, cuando México y EU incrementaron su colaboración en el área de seguridad mediante la Iniciativa Mérida, el Capitolio ha otorgado más de 3 mil 300 millones de dólares para dicho fin, incluidos fondos aplicados desde que López Obrador llegó al poder en 2018.
Según expertos en seguridad consultados por REFORMA, la prohibición de este año para que los fondos de EU lleguen a militares mexicanos en funciones seguridad pública pondrá en dificultades principalmente la cooperación con la Guardia Nacional, creada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019.
“La decisión también limita cualquier capacidad de EU para colaborar con la Guardia Nacional, que está compuesta en gran medida por miembros militares adscritos tanto a nivel de base como de liderazgo”, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora senior en temas de seguridad en la Brookings Institution.
“Sin duda es relevante que el Congreso esté ratificando la instrucción de no utilizar fondos del Departamento de Estado para apoyar la militarización de tareas policiales en México”, dijo Stephanie Brewer, directora para México de WOLA, una organización de derechos humanos en Washington.
Desde 2021, congresistas del Partido Demócrata habían externado su preocupación por el uso de militares en seguridad pública en México, señalando en específico que la Guardia Nacional creada por López Obrador estaba formada principalmente por elementos y mandos militares.
