El Instituto Nacional Electoral (INE) canalizará a la Contraloría Interna del Congreso de Tamaulipas y a la Auditoría Superior de ese estado las acusaciones contra un diputado y tres Alcaldes de Morena que se presume recibieron beneficios del empresario Sergio Carmona, ligado con el huachicol y ejecutado en Nuevo León.
La Unidad Técnica de Fiscalización planea declarar improcedente una denuncia del PRD, en la que exigía una investigación por el presunto uso de camionetas blindadas por parte de dichos funcionarios en la pasada elección como candidatos.
En enero, Grupo REFORMA documentó que al menos ocho camionetas de lujo y blindadas compradas por compañías del empresario de Reynosa ejecutado en noviembre en San Pedro Garza, han sido usadas por los Alcaldes de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás; de Río Bravo, Héctor Villegas, y de Matamoros, Mario López Hernández, así como por el diputado federal Erasmo González.
Incluso, Gattás fue llamado a declarar hace unas semanas ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas por la compra de una casa de más de 11 millones de pesos, una camioneta blindada de cerca de 4 millones de pesos y un gasto de 6.6 millones de pesos en dos meses.
En su queja, el PRD advertía que los vehículos fueron usados por los actuales funcionarios en la campaña pasada, cuando buscaron la reelección, y las unidades no fueron declaradas en sus informes de gastos.
También involucró al líder nacional de Morena, Mario Delgado, por usar un avión de Carmona, y al actual candidato a la Gubernatura, Américo Villarreal, por beneficiarse de camionetas.
Sin embargo, el organismo del INE consideró que con las pruebas, en las que se observa a los servidores públicos usando los vehículos, no se podía confirmar que ocurrió durante la campaña, por lo que la Contraloría Interna y la Auditoría deben analizar los hechos y tomar las acciones que consideren.
“Se advierten hechos respecto de los cuales resulta inatendible una investigación en materia de fiscalización, toda vez que no se encuentran vinculados con las facultades atribuidas, ya que las conductas contrarias a la ley realizadas por servidores públicos no son competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización”, indica el dictamen que será discutido hoy por el Consejo General del INE.
De acuerdo con el informe, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas es la competente para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas de servidores públicos, por lo que deberá analizar si López Hernández, Gattás Báez y Villegas González incurrieron en una irregularidad.
Mientras que la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados local es la competente para revisar las acusaciones contra legisladores.
“Se da vista a la Contraloría por cuanto hace a los hechos presuntamente atribuibles al diputado federal Erasmo González y a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas por cuanto hace a los hechos relacionados con los Presidentes Municipales para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda”, plantea.
Sobre Villarreal asegura que han acudido a los actos de precampaña del morenista, y sólo ha usado una camioneta Tiguan, de la cual mostró recibo de renta por 85 mil pesos por 35 días.
