Al concluir que se violaron sus derechos al debido proceso y de defensa, un tribunal federal concedió a Juan Collado un amparo contra el proceso que le abrieron por un supuesto fraude en los trámites para desbloquear sus 76.5 millones de euros en Andorra.
El Séptimo Tribunal Colegiado Penal en esta capital ordenó resolver nuevamente la situación jurídica del abogado, porque en este asunto lo procesaron por un delito que requería querella y no existía al momento en que lo vincularon al procedimiento.
Por unanimidad, los tres magistrados también determinaron que el juez de la causa debe especificar legalmente a qué patrimonio afectó este supuesto fraude y si la denunciante, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, estaba facultada para formular la querella, dos requisitos esenciales para sostener la imputación.
El fallo implica que ahora el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte analice si es válida o no la denuncia que la UIF presentó contra Collado, posterior a su procesamiento, para mantener vigente el procedimiento judicial.
«Se advierte violación a las formalidades del procedimiento de la etapa inicial de investigación, ya que el juez de control responsable … al no haber respetado el derecho de defensa del imputado sobre lo que a sus intereses conviniera sobre la nueva clasificación de los hechos con apariencia de delito de fraude específico y de la querella que dicho ilícito requiere para su persecución, cuya demostración por el Ministerio Público es previa a que se resolviera la situación jurídica», dijo la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio, al exponer el proyecto de sentencia aprobado ayer.
Mauricio Flores, abogado del procesado, dijo que si bien este fallo pone en tela de juicio las bases de la imputación, Collado mantiene en pie la negociación con las autoridades para resarcir el daño, como salida alternativa a sus procesos.
«Entendemos que es un amparo con algunas consideraciones de fondo que estamos pendientes de que salga la resolución final y que, no obstante lo anterior, nosotros queremos privilegiar un acuerdo reparatorio con la Fiscalía, con independencia del resultado del proceso en curso», dijo el defensor.
El 2 de septiembre de 2020 el entonces juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez reclasificó una imputación de tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia, y procesó a Collado por el delito de fraude específico.
La FGR le imputó este supuesto fraude por presentar una denuncia contra sí mismo para conseguir el no ejercicio de la acción penal y usar esta determinación ministerial para descongelar en 2018 los 76.5 millones de euros que tenía bloqueados en Andorra desde marzo de 2015.
Cabe decir que Andorra volvió a congelar las cuentas del litigante, tras su captura del 9 de julio de 2019.
Este es un caso sui géneris en la historia judicial reciente, porque el imputado primero fue procesado por un fraude sin denuncia, sin víctima y sin monto, y después el juez Ramírez -hoy magistrado- facilitó a las autoridades federales presentar la querella para cubrir esos requisitos de procedibilidad.
Otro dato inusual es que, según documentos, la denuncia de 45 páginas fue elaborada el 3 de septiembre de 2020 por la UIF en un tiempo récord de 3 horas, aunque su redacción implicaba revisar las 8 mil fojas de la carpeta de investigación.
Collado tiene otros dos procesos federales: uno por delincuencia organizada y lavado de dinero, relacionado con la Caja Libertad; y otro por defraudación fiscal de 36 millones 786 mil 880 pesos, correspondiente al 2015.
Además, tiene otro proceso en el fuero común de Chihuahua por un supuesto desvío de 13.7 millones de pesos, aunque en este caso ya ganó el amparo en primera instancia y tiene pendiente que un tribunal colegiado resuelva en forma definitiva si cancela dicho procedimiento.
