El Congreso de El Salvador aprobó un proyecto de ley que penaliza la difusión de mensajes de las pandillas, incluso por parte de los medios de comunicación, en una campaña contra estos grupos criminales responsables de que el país centroamericano tenga una de las tasas de homicidio más altas del mundo.
El mes pasado, el Presidente Nayib Bukele invocó poderes de emergencia para suspender algunos derechos constitucionales con el fin de reprimir a las bandas dedicadas al tráfico de drogas y a la extorsión, y aumentó las penas de cárcel para los miembros de esas organizaciones delictivas.
«Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi (…) Nadie dijo nada, era entendible que fuera así», escribió Bukele en Twitter después de que el Congreso aprobara la iniciativa legal el martes. «Ahora nosotros haremos eso con las pandillas».
El plan, que se convertirá en ley una vez que Bukele lo firme, fija penas de prisión de hasta 15 años para personas que transmitan mensajes de las pandillas, incluyendo grafitis «o cualquier forma de expresión visual» relacionada con la Mara Salvatrucha, su rival Barrio 18 u otros grupos más pequeños.
El proyecto de ley no detalla el tipo de información que cubrirá, pero los periodistas salvadoreños suelen recurrir a fotografías y vídeos que muestran violencia gráfica, además de mensajes de presuntos pandilleros, entrevistas, grafitis y audios compartidos a través de plataformas de medios sociales.
El mes pasado, el país registró 87 asesinatos en tres días, presuntamente cometidos por miembros de esos grupos criminales. Solo un sábado, reportó 62, la cifra más alta en un siglo, informaron expertos en seguridad y derechos humanos.
En 2017, el último año en que hizo un informe sobre homicidios la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, mostró que la nación centroamericana tenía la tasa más alta de asesinatos en el mundo, con casi 62 por cada 100 mil personas.
Las autoridades salvadoreñas han detenido a 6 mil 312 presuntos pandilleros en los últimos 10 días. Pero las organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos policiales y detención arbitraria de sospechosos sin acceso a un abogado, mientras la oposición y la prensa especializada rechazaron la medida.
«Hay una clara violación al derecho de prensa y libertad de información. Esto no se trata de los medios de comunicación se trata de un derecho tutelado por nuestra Constitución y por leyes internacionales suscritas por nuestro país», dijo René Portillo, legislador opositor.
