La Organización de Estados Americanos (OEA) se dijo preocupada por la tensión, descalificaciones a la autoridad electoral, infracciones de funcionarios y uso indebido de recursos públicos durante el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La misión que envió ese organismo regional a México asegura que el Congreso y el Instituto Nacional Electoral deberán modificar varios aspectos para garantizar mayor certidumbre, seguridad y eficiencia de un ejercicio de democracia participativa como éste.
Por ejemplo, cambiar el umbral de firmas para activar el proceso, mejorar las herramientas para la recolección de apoyos, la redacción de la pregunta, las restricciones de participación de actores políticos, el modelo de difusión y el control del financiamiento.
Los especialistas se reunieron con representantes de todos los partidos, con organizaciones civiles, entre ellas Que Siga la Democracia, y autoridades electorales.
La misión de la OEA pidió reuniones con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionarios y legisladores, pero la Cancillería respondió que «no estaba en posición de gestionarlas».
Para empezar, indica, la mayoría de los actores, tanto afines al Gobierno como opositores, coinciden en que fue un proceso de «ratificación», aunque la ley establece «revocación».
Afirma que permitir que se entienda como ratificación, desvirtúa la naturaleza del ejercicio, por lo que debe garantizarse en la legislación que la pregunta sea clara y neutral.
Lo que predominó, alerta, fue «un escenario de gran tensión», en el que representantes de los más altos niveles de Gobierno realizaron acusaciones contra la autoridad electoral.
«La misión hace un llamado a que todos los actores se conduzcan con respeto y responsabilidad y a que canalicen sus discrepancias y reclamos fundados a través de los mecanismos que ofrece el sistema de justicia electoral.
«A su vez, reitera su preocupación por las continuas campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el INE, que no solo aumentan la polarización existente en el País, sino que también menoscaban la democracia», apunta.
Considera que el marco regulatorio es «sumamente restrictivo», por lo que quien se somete a la consulta debería poder expresarse buscando convencer al electorado de votar en contra de la revocación de su gestión.
Sin embargo, advierte, mientras existan leyes con dicha prohibición deben ser respetadas por todos, sin excepción.
«La misión observó que autoridades de distintos niveles de gobierno, incluidas las de la mayor jerarquía en el País, cometieron infracciones relacionadas con la prohibición de propaganda gubernamental personalizada y el uso de recursos públicos.
«Durante la semana previa a la jornada de votación, existieron múltiples eventos en donde participaron autoridades del gobierno federal y local», relata.
Asegura que de darse una reforma electoral, ésta deberá fortalecer al INE, no restarle autonomía o capacidad técnica, lo contrario significaría un retroceso para la democracia mexicana.
La OEA aclara que escuchó las voces de quienes acusan al INE de tener costos elevados, sin embargo, afirma, al organismo se le han recortado sus recursos, por lo que confía en que esa tendencia no se consolide.
Considera que al tratarse de una revocación del cargo más importante de un País, el umbral de firmas debería ser más alto, no del 3 por ciento.
Además de que debe perfeccionarse la recolección de firmas en papel, imponiendo más medidas de seguridad y no se incorporen firman falsas o sin consentimiento.
También critica que se acuse al INE de no dar difusión, pero, aclara, no se le dieron tiempos de radio y televisión extras, por lo que usó los mismos que en un proceso normal, no electoral.
También sugiere poner regular la participación de organizaciones civiles que participan o establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer quienes están promoviendo cada una de las opciones en consulta.
Recuerda que la jornada electoral se realizó en «un clima de tranquilidad», aunque se observó en redes sociales casos de traslado de grupos de ciudadanos para votar.
