En Argentina comenzó esta semana un juicio sin precedentes en ese país. Lo encabeza una jueza federal, hay fiscales, pruebas y testigos. Pero no hay acusados, porque todos han muerto.
BBC News/Mundo
Se trata del primer «juicio por la verdad», un proceso penal que juzgará una de las mayores matanzas cometidas contra pueblos originarios en este país sudamericano: la llamada Masacre de Napalpí, ocurrida hace casi un siglo.
El juicio, instigado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, en el noreste argentino, busca determinar los hechos detrás de la matanza de más de 400 indígenas moqoit (o mocoví) y qom en ese territorio a manos de agentes estatales, en 1924.
La jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger ordenó que se realizara el inusual proceso tras determinar que «los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar».
«La búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva, sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos», argumentó la magistrada.
El Ministerio Público Fiscal de Argentina indicó que será «un procedimiento encaminado a la averiguación de la verdad, similar a los tramitados durante la década del ’90 en diferentes jurisdicciones para investigar los crímenes de la última dictadura cuando estaban vigentes los efectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida» que impedían juzgar a los represores.
El «juicio por la verdad» comenzó en la Casa de las Culturas de Resistencia el 19 de abril, fecha en la que se conmemoró el Día del Aborigen Americano en este país.
El proceso incluye audiencias en el interior de la provincia, donde actualmente viven descendientes de las víctimas de la masacre, y en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Memoria, ubicado en la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el más conocido centro clandestino de detención durante el último régimen militar.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación destacó que se trata del «primer juicio de la historia argentina que investigará una masacre contra pueblos indígenas».
¿Qué pasó?
Los registros históricos y la investigación de la Fiscalía permitieron reconstruir los hechos ocurridos el 19 de julio de 1924, cuando cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos de las comunidades indígenas moqoit y qom fueron asesinados por policías, gendarmes y terratenientes de la zona.
Todo ocurrió en la llamada Reducción Aborigen de Napalpí -hoy llamada Colonia Aborigen-, a unos 150km de Resistencia. Las reducciones eran sitios creados por el Estado para concentrar a las poblaciones indígenas y poder explotarlas como mano de obra barata.
Las familias que vivían en Napalpí subsistían recolectando algodón, en condiciones casi esclavas.
Cuando un grupo de trabajadores decidió declararse en huelga para reclamar una justa retribución o la posibilidad de salir del territorio para trabajar en otros ingenios, el gobernador chaqueño, Fernando Centeno, envió a las fuerzas de seguridad a reprimirlos.
Unos 130 hombres rodearon la reducción y masacraron a sus pobladores, que estaban desarmados.
De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía, durante 45 minutos los agentes descargaron más de 5.000 balas de fusil sobre la población de Napalpí.
En el operativo también se utilizó un avión que, según el testimonio de algunos de los descendientes de la comunidad, lanzó alimentos para atraer a quienes estaban en el monte y poder masacrarlos.
Una foto de ese avión tomada por el etnólogo alemán Roberto Lehmann-Nitsche, un experto en las comunidades indígenas argentinas, forma parte del expediente del caso.
Muchas de las víctimas fueron enterradas en fosas comunes luego de ser mutiladas para obtener «trofeos», como testículos, pechos y orejas.
Pero la matanza no terminó allí. Los sobrevivientes fueron perseguidos y «cazados» en los montes y los heridos fueron asesinados a machetazos.
En total se estima que más de 400 personas murieron ese día.
Y unos 40 niños que habían logrado escapar fueron entregados como sirvientes en las localidades cercanas o murieron en el camino.
Ana Noriega, de la Fundación Napalpí, dijo a BBC Mundo que entre el 70% y el 80% de la población de la Reducción Napalpí fue masacrada.
Quienes lograron sobrevivir debieron esconderse de las autoridades que buscaban eliminar todo indicio de lo que habían hecho, para poder negar lo ocurrido.
Según la versión oficial, lo que ocurrió fue un enfrentamiento entre aborígenes que debió ser sofocado por la policía, relato que reflejó la prensa de la época.
Sin embargo, las historias que los sobrevivientes contaron a sus descendientes sobre ese día resultarían clave para que hoy, 98 años más tarde, se esté juzgando ese etnocidio.
Memoria oral
Fue el historiador qom Juan Chico quien, a partir de los relatos de su abuela, Saturnina, empezó a investigar los hechos y recolectó testimonios y evidencias que eventualmente publicaría en su libro «La voz de la sangre «, que permitió empezar a romper el silencio histórico sobre lo ocurrido, a comienzos de este siglo.
El testimonio grabado de Chico, quien falleció en 2021 a los 42 años a causa del covid, se escuchó en la apertura de las audiencias el 19 de abril.
También se oyó el registro audiovisual de dos de los últimos sobrevivientes de la masacre, los centenarios Pedro Balquinta y Rosa Grilo, quienes declararon antes los fiscales en 2014 y 2018, respectivamente.
«Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, me hace doler el corazón«, dijo al comenzar su declaración Grilo, la última víctima que brindó su testimonio.
En una próxima audiencia que se realizará el 3 de mayo en la Casa de las Culturas de Machagai, municipio en el que está ubicado la localidad de Napalpí, declararán los descendientes de los sobrevivientes de la masacre.
Noriega, de la Fundación Napalpí -fundada por Chico-, resaltó que «es la primera vez que la memoria oral de los pueblos, lo que se transmite de generación en generación, va a tener la misma validez que la palabra de los académicos y expertos. Eso es muy importante».
«Este juicio va a empoderar a las personas, avalar su historia, lo que ellos han escuchado muchas veces, pero siempre fue desmentido por los medios de comunicación y el Estado del momento».
Por su parte, la jueza Niremperger señaló en la apertura del juicio que el mismo no solo busca «calmar las heridas» y «reparar» el daño del pasado.
También es un mensaje para las generaciones presentes y futuras.
«Tiene una finalidad que es activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las graves violaciones a derechos humanos no deben volver a repetirse».
