La empresa Iberdrola tiene cinco días hábiles para garantizar ante el fisco federal la multa de 9 mil 145 millones de pesos que le fincó la Comisión Reguladora de Energía, como requisito para que siga surtiendo efectos la suspensión que hoy le concedió un juez federal para frenar el cobro.
«Procede ubicar el caso en estudio en la exigencia de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, lo que constituye una regla general», resolvió Ramón Lozano Bernal, Juez Tercero Especializado en Competencia Económica al conceder la suspensión provisional en el amparo de Iberdrola contra la CRE.
El articulo 135 ordena que las suspensiones contra cobro de contribuciones sólo surtirán efectos si se garantiza el monto respectivo, salvo casos donde el quejoso acredite que se excede su capacidad económica.
Lozano estableció que no tiene elementos, por ahora, para determinar que esta multa excede la capacidad económica de Iberdrola.
La garantía se puede exhibir mediante fianza, acciones, hipoteca, o cualquier otro de los medios previstos por el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, explico el juez.
Iberdrola tiene múltiples plantas de generación en México, donde en 2021 reporto ventas totales por 83 mil 666 millones de pesos, por lo que no debería tener problemas para que alguna afianzadora le expida la póliza respectiva, respaldada por alguno de dichos activos.
El 13 de julio, el Juez Lozano resolverá sobre la suspensión definitiva, y podría reducir el monto de la garantía, si Iberdrola aporta pruebas de que su patrimonio es insuficiente para cubrirla.
Si la empresa no exhibe la garantía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría proceder a la ejecución de la multa como un crédito fiscal, ordenando el embargo de cuentas o bienes de la empresa.
Con independencia de la suspensión, el Juez Lozano admitió a tramite el amparo, en el que analizara la legalidad de la resolución RES/466/2022 de la CRE, en la que se impuso esta multa, una de las mas cuantiosas fijadas por un órgano regulador mexicano.
La CRE acusa a Iberdrola de vender energía eléctrica a empresas no autorizadas en sus permisos, entre 2019 y 2020.
