CIUDAD DE MÉXICO.-La Guardia Nacional (GN) vino a robustecer las filas de las fuerzas armadas, pero sin tener un papel activo contra el crimen organizado, advirtieron especialistas en seguridad.
Durante la presentación del informe «Guardia Nacional: 3 años de definición militarista», expertos del Observatorio de la Guardia Nacional y Causa en Común alertaron que la corporación también es opaca de su presupuesto, opera sin inteligencia, con tendencia a elevar los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos.
El documento refiere que existen denuncias y reclamos por supuestos actos de corrupción por parte del personal federal.
Por ejemplo, la «Encuesta de robo de transporte de carga» reveló que 44 por ciento de la extorsión realizada a los transportistas sería a cargo de integrantes de la GN.
Alejandro Hope, experto en seguridad, aseguró, que hay casos documentados en donde elementos de la GN o de las fuerzas armadas le piden a las policías estatales o municipales que firmen las puestas a disposición.
«Ahí hay una falsedad y un defensor medianamente competente lo primero que preguntará es quién detuvo… esto tendrá impacto en los procesos penales», expuso.
Durante el informe María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común, reprochó que en el escenario operativo, la Guardia -en la que el Gobierno federal ha invertido 35 mil millones en 2021 y 50 mil millones este año- sólo ha sido capaz de detener a 14 objetivos.
«No quieren tomar la responsabilidad de ser primer respondiente, pero si quieren las facultades (de seguridad pública). Quieren el dinero, pero no toman la responsabilidad de lo que esto significa.
«En febrero pasado la corporación reportó 14 detenciones. Hagan la cuenta del dineral en que nos está saliendo para sólo 14 investigaciones», cuestionó la activista.
Además en los hechos, sostuvo Hope, la GN es una extensión de las Fuerzas Armadas.
«Más del 80 por ciento del personal no cobra en la corporación o en la Secretaría de Seguridad sino en las secretarías de la Defensa o Marina. Sus cuarteles los construyó el Ejército, les arrendó sus vehículos… Es una simulación», dijo.
En su participación la senadora Claudia Anaya y Estefanía Vela, directora de la asociación civil Intersecta, coincidieron en que el Gobierno federal está elevando el nivel de militarización de diversos cargos de orden civil y que cada vez obtienen más recursos, en detrimento de otros, como fiscalías y Policías estatales o locales.
Recordaron que a principios de mayo de 2021 reportaron que más del 90 por ciento de los elementos no cuenta con el Certificado Único Policial, es decir, sólo 8 mil 97 guardias habrían aprobado el proceso de control de confianza.
«Sin embargo, según otra solicitud de información de noviembre de 2021, se informó que 20 mil 995 elementos contaban con el CUP, por lo que habría 12 mil elementos más certificados, un incremento poco creíble», observó Morera.
