La noticia del asesinato del ex Primer Ministro Shinzo Abe a plena luz del día provocó estupor no sólo en Japón sino en el mundo entero, que asocia al país con una tasa relativamente baja de crímenes y un estricto control de armas de fuego.
Japón, con 125 millones de habitantes, tuvo apenas 10 casos penales relacionados con armas de fuego el año pasado, con un saldo de un muerto y cuatro heridos, según la Policía. Ocho de los casos estaban ligados a pandillas. Tokio no registró ni un sólo incidente armado, ni heridos ni muertos durante ese mismo año, aunque se incautaron 61 pistolas.
Aunque hay clubes de tiro en las grandes universidades y la Policía está armada, la mayoría de los japoneses pasa toda su vida sin manejar o siquiera ver un arma de verdad.
Los crímenes fatales generalmente son con cuchillos. El debate sobre el derecho de portar armas de fuego es un asunto de la menor importancia desde hace décadas.
«El pueblo japonés se encuentra en estado de shock», dijo Shiro Kawamoto, de la Facultad de Manejo de Riesgos de la Universidad Nihon, en Tokio.
El acto político en que se produjo el atentado fue muy concurrido, lo cual crea problemas de seguridad, consideró.
«Esto sirve de llamado de atención de que la violencia armada puede suceder en Japón y es necesario reexaminar la seguridad para proteger a los políticos japoneses», añadió.
«Dar por sentado que esta clase de ataque no sucederá sería un error».
Bajo la ley japonesa, la posesión de armas de fuego, así como ciertas clases de puñales y ballestas, es ilegal sin una licencia especial. La importación también es ilegal.
El que desea poseer un arma debe someterse a una averiguación de antecedentes, examen médico y presentar información sobre su familia. También debe demostrar que sabe usar el arma correctamente y comprar junto con el arma un sistema para trabarla.
Esto permite adquirir un arma para el tiro al blanco. La caza requiere una licencia adicional. La policía rara vez recurre a sus pistolas.
