Desde el 25 de marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió información a los bancos de México sobre Enrique Peña Nieto y sus hermanos Ana Cecilia, Arturo y Verónica. También sobre su madre, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto, su ex esposa Angélica Rivera y su actual pareja, Tania Ruiz.
La petición llegó a los bancos como un «requerimiento de información», junto con otras solicitudes para indagar al ex Presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y un colaborador, además de tres asociaciones relacionadas con su familia.
Parte de la información solicitada coincide con una petición formal de la UIF, hecha en 2020, sobre movimientos financieros de Peña y Calderón y sus familiares, que derivaba de la denuncia que presentó el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya.
En el caso de Peña, la información inicial que brotó fue sobre movimientos de familiares del ex Mandatario mexiquense de recursos a Inglaterra e Irlanda. Esa indagatoria iniciada por la UIF hace dos años había quedado inconclusa por la salida de Santiago Nieto de la titularidad de la dependencia.
Nieto dijo a REFORMA que la denuncia de Lozoya involucraba a 70 personas, varios de ellos familiares de ambos ex Presidentes, y se corrió un «modelo de riesgo» para observar quiénes tenían mayores probabilidades de haber cometido ilícitos.
En el caso de lavado de dinero, según Nieto, fue Peña quien obtuvo una calificación más alta respecto a los riesgos de haber incurrido en el delito.
Ya bajo el mando de Pablo Gómez, la UIF solicitó el mismo 25 de marzo, además de la información de Peña y Calderón, datos sobre Ernesto Zedillo, su esposa, hijos y hermanos.
Sobre Vicente Fox, pidió información acerca del ex Presidente, su esposa Marta Sahagún, los hijos de ambos en diferentes matrimonios, la fundación ‘Vamos México’ y varias empresas relacionadas con la comercialización de alimentos y su rancho en Guanajuato.
«Tienen todo menos formalidad. Es una arbitrariedad total, completamente irregular. Y los criminales riéndose de ellos y pasando el dinero enfrente de ellos, o con ellos.
Entonces, ¿para qué existe la UIF? Es un régimen persecutor», dijo el ex Presidente Calderón, en relación con la información obtenida por REFORMA.
El pasado martes, Pablo Gómez dijo en la conferencia mañanera presidencial que la Fiscalía General de la República ya investiga a Peña Nieto, pues encontraron algunas transacciones que pueden ser irregulares, por más de 26 millones de pesos, entre familiares suyos, el ex Mandatario y dos compañías.
Respecto a la información solicitada, la UIF no podría configurar denuncias penales en los casos de Zedillo, Fox y Calderón. De acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal, la pena de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es de cinco a 15 años de prisión, por lo que la prescripción del delito es de 10 años.
Solo podría acusar penalmente a Peña Nieto.
