Por Leo Zuckermann
Consultas populares, una comparación de México con Chile
El domingo pasado, los chilenos acudieron a las urnas a una consulta popular, en este caso, un plebiscito. En una papeleta aparecía la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?” con dos posibles respuestas: “Apruebo” o “Rechazo”. En otra se preguntaba “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?” con dos respuestas alternativas: “Convención Mixta Constitucional” o “Convención Constitucional”. (La primera se refería a un órgano conformado por un 50% de constituyentes elegidos de manera directa y un 50% de miembros del Congreso actual. La segunda a una asamblea 100% conformada por constituyentes electos).
Chile es un país caracterizado por una participación electoral baja. No obstante, el 51% de sus ciudadanos acudieron a las urnas, el porcentaje de mayor participación desde la transición a la democracia en 1989. El 78% votaron a favor de redactar una nueva Constitución y el 79% prefirió que se hiciera por medio de una Convención Constitucional.
Hubo campañas de ambos lados, tanto los que estaban por la aprobación como por los del rechazo. Pudieron realizar campañas en las calles y a través de internet. Por su parte, los partidos lanzaron sus propias campañas, a favor o en contra, dependiendo sus posturas ideológicas.
De acuerdo con la ley electoral chilena que asigna y regula los tiempos de propaganda televisiva, se fijaron dos emisiones diarias de 15 minutos cada una para que hicieran campaña las dos posturas. De manera inédita, además de los partidos, se permitió que organizaciones de la sociedad civil pudieran insertar anuncios en las franjas televisivas.
Con los resultados emitidos, el 11 de abril se elegirá la Convención Constitucional de 155 miembros de la sociedad civil (50% mujeres, 50% hombres). Una vez conformada la asamblea, redactarán la nueva Constitución en un plazo no mayor de un año.
Cuando esté lista la propuesta de nueva ley fundamental, se convocará a otro plebiscito para que la población la apruebe o rechace. El voto será obligatorio para los residentes en Chile. Si dos terceras partes de la ciudadanía aprueban la propuesta, el país dejará atrás la Constitución vigente aprobada en 1980 durante el régimen autoritario de Augusto Pinochet.
Nótese que, para el éxito de esta consulta popular, todo estuvo perfectamente claro y definido. Dos preguntas bien redactadas con respuestas categóricas. Campañas políticas de los dos lados reguladas por las autoridades electorales. Consecuencias reales e inmediatas en caso de ganar una u otra opción.
Compárese este ejercicio exitoso de democracia directa con nuestro vergonzoso proceso de consulta popular para dizque decidir si hay que enjuiciar o no a los expresidentes de la República.
Primero, nuestra pregunta está mal redactada. Es un galimatías indescifrable. “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. No sé si a usted le quede claro, pero a mí no.
Segundo, tampoco entiendo cómo van a ser las campañas a favor o en contra del proceso de esclarecimiento”. ¿A través de los partidos? ¿Se va a permitir la participación de organizaciones de la sociedad civil que hoy tienen prohibido, en la Constitución, transmitir spots de radio y televisión para hablar de política?
Entiendo que si gana el “no” en la consulta mexicana, ahí muere el asunto. Pero, ¿y si gana el “sí” como muy probablemente suceda? ¿Qué pasará? ¿Qué acciones se echarán a andar? ¿Cómo se llevará a cabo el “proceso de esclarecimiento”? El ministro presidente de la Suprema Corte ha sugerido la formación de una Comisión de la Verdad. Pero ésa es la versión de Arturo Zaldívar y nada más. ¿Será el Ejecutivo federal, es decir el Presidente, el que decidirá qué camino seguir? Y, lo más importante de todo, lo que más nos interesa a los mexicanos, ¿se acabará juzgando o no a los expresidentes por presuntos actos de corrupción?
