La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pretende imponer a su Consejo Ciudadano una serie de lineamientos que implican un «golpe de estado» para acallar a ese órgano, acusaron sus integrantes.
Paralelamente, la senadora panista Kenia López, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, apremió a Rosario Piedra, titular de la CNDH, a retirar los lineamientos que serán votados este lunes por el propio Consejo Ciudadano.
Al menos cinco de los nueve integrantes del Consejo Ciudadano votarán en contra de los lineamientos: Tania Espinosa, Bernardo Romero, Gloria Ramírez, Jorge Saavedra y Adalberto Méndez.
De facto, los lineamientos pretenden acallar al Consejo Ciudadano. El órgano interno de control de la CNDH podría, indebidamente, sancionarlos como si tuviesen la calidad de servidores públicos.
Consejeros consultados dijeron que la CNDH había formulado los lineamientos como resultado de recomendaciones de la Global Alliance of National Human Rights Institutions, aunque la Comisión jamás pudo probar tal cosa.
El artículo 30 de los lineamientos propuestos establece que «son causales de responsabilidad de las personas consejeras, y además motivos de pérdida de su calidad de Consejeros: realizar conductas que atenten contra la autonomía de la Constitución, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros».
Además, «inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros órganos de la Comisión», «conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos», y «emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento», entre otros puntos.
En opinión del consejero Bernardo Romero, los lineamientos «adolecen de muchas faltas y problemas» que representan límites para el propio Consejo. «El trabajo de los consejeros es justamente observar y vigilar, y no solamente acompañar a la Comisión.
«Lo que están pretendiendo es ponernos una ley mordaza, limitar nuestra actuación cuando a ellos les parezca perjudicial, pero además, con un órgano que no tiene facultades (el órgano interno de control). A nosotros nos nombra el Senado de la República y a quien tenemos que rendir cuentas es al Senado y al pueblo.
«En realidad es un golpe de estado al Consejo: poner un Consejo a modo y al consejero que no les gusta lo que hace, entonces lo quitan. Es un golpe de estado y es un muy grave», previno Romero Vásquez, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro.
En el mismo tono, la consejera Tania Espinosa explicó que los lineamientos tienen «varios puntos que son de suyo preocupantes, como por ejemplo que se establezca la posibilidad de que la Comisión pueda cesarnos del encargo, cuando en realidad a nosotros quien nos eligio fue el Senado.
«Entonces, la Comisión no podría quitarnos de algo si provenimos del Senado. Algunas de las causales permitirían que fuésemos sancionados o sancionados, si es que expresamos públicamente nuestra opinión sobre algún tema que esté tratando la Comisión, pero esto, básicamente, es silenciarnos», expresó.
