Tras publicarse ayer que dio al menos cinco contratos por casi 20 millones de pesos a la empresa «fantasma» Telerma, integrada por dos prestanombres, la Administración del Gobernador emecista Samuel García informó anoche la cancelación de los convenios con la compañía.
La Oficina de Comunicación y el Gobernador, por separado, señalaron que la Contraloría investiga el caso, pero ninguno mencionó a los tres funcionarios que firmaron los contratos cuestionados: Glen Villarreal, coordinador de Comunicación Social del Estado; Osvaldo Robles, titular del Sistema de Radio y TV de Nuevo León, y Humberto Panti, director de Administración de Agua y Drenaje (AyD).
EL NORTE reveló ayer que Telerma tiene como presuntas socias a una vendedora de paletas y a una trabajadora de una fábrica, y obtuvo al menos cinco contratos por 19 millones 963 mil 800 pesos del Gobierno de García.
En una tarjeta informativa, la Oficina de Comunicación informó anoche de la rescisión de los contratos vigentes con Telerma, aunque implicando que si hubo malas prácticas, habrían sido responsabilidad del proveedor.
«Reprobamos cualquier práctica de parte de nuestros proveedores que pueda ser contraria a la Ley», se señala.
«Se rescindirán de inmediato los contratos vigentes con la empresa y no se realizarán pagos en tanto no se aclare la situación legal de la empresa», añade.
Según el texto, «en búsqueda de reordenar gasto y generar ahorros» se terminó anticipadamente el pasado 31 de mayo el contrato de Comunicación que Villarreal acordó el 8 de febrero con Telerma para la producción de spots y videos.
El comunicado señala que se le pagaron 4 millones 530 mil 960 pesos a la empresa por servicios prestados hasta el 15 de junio.
El contrato original era por más de 11.8 millones de pesos, que se cubrirían mensualmente entre febrero y diciembre de este año.
En el comunicado, se asegura que se verificó que la compañía operaba en IOS Offices Arboleda, en San Pedro. Esto corresponde a un negocio que renta oficinas y espacios para «cowork».
Sin embargo, no se se menciona en la tarjeta informativa que las supuestas dueñas de Telerma viven en colonias populares de Santa Catarina y García.
Horas antes, el Gobernador informó que la Contraloría ya investigaba y que se analizaba la cancelación de los contratos.
«Si hay cualquier tema con el domicilio fiscal de la empresa, será rescindido el contrato», dijo García escuetamente al finalizar un evento en Fundidora por el Día del Policía.
Cuestiona firmas el Consejo Cívico
El Consejo Cívico detectó ayer una nueva anomalía de la empresa «fantasma» Telerma: la discrepancia en las firmas de la presunta administradora única de la compañía en sus convenios con la Administración del Gobernador Samuel García.
Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico, encontró en la Plataforma Nacional de Transparencia el acuerdo de terminación anticipada de un contrato por 11.8 millones de pesos que Comunicación Social del Estado asignó a Telerma.
La terminación del pasado 31 de mayo, que ayer también señaló el Estado, tiene una firma de Myrna Sauceda que difiere de la que se supone ella plasmó en el contrato del 8 de febrero, uno de los cinco convenios por 20 millones de pesos que reveló EL NORTE.
«Es muy evidente cuando abres los contratos», señaló Molinard.
«En cada contrato parece que es una firma diferente de la misma persona.
«Esto es muy extraño y sinceramente también eso se tendría que investigar», insistió la directiva, que sostuvo que puede configurarse un delito penal por falsificación de firmas o suplantación de identidad.
La investigación de EL NORTE reveló ayer que Sauceda y María Guadalupe Ramírez, presuntas dueñas de Telerma, viven en colonias populares y desconocen la empresa que factura millones a la Administración estatal de García.
